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lunes, 26 de octubre de 2009

“Donde pongan a la pequeña, la voy a encontrar”


La vidente neuquina Verónica Contreras asegura que Sofía Herrera no está viva y que nunca salió de su casa. La versión resulta desconcertante después de largos meses de búsqueda, y desató la ira de la familia y el recelo en la comunidad. Con varios casos resueltos en su haber, Contreras llegó por tercera vez a la provincia y prestó declaración testimonial ante el fiscal de la causa, reclamando un allanamiento en la vivienda y el uso del geo radar. “Donde pongan a la pequeña, la voy a encontrar”, dijo, convencida de sus percepciones.

Río Grande.- La vidente neuquina Verónica Contreras visitó la redacción del Diario Provincia 23, para relatar sus percepciones en torno al caso Sofía Herrera, que desconcertaron a la opinión pública y causaron un profundo malestar en la familia.Contreras es mendocina pero vive en Neuquén, y este es su tercer viaje a la provincia, realizado con el único fin de insistir en el reclamo de un allanamiento a la vivienda particular de los Herrera, donde cree que está Sofía.“Mi primer viaje fue el día 11 de septiembre de este año”, dijo, aclarando que siempre costeó los gastos de pasaje y estadía por sus propios medios. “Estoy acá debido a un problema nacional con respecto a la búsqueda de la pequeña Sofía Herrera. En mis dos viajes anteriores no le dieron importancia ni a mi persona ni a mi palabra, a pesar de que hice todo lo que corresponde, con mucha sorpresa porque pensé que acá se trabajaba como en otras provincias, que a la gente se la atendía con amabilidad y respeto, y me encontré discriminada”, lamentó.Sostuvo que la persona acusada de sustracción de la menor, luego de un giro en la investigación judicial de dudosa credibilidad, es inocente, en referencia al cuidador del camping Alberto Faustino Urrutia, de 73 años.“Sé que Urrutia es inocente”, aseguró la vidente, volcando la responsabilidad en la familia y el entorno de la niña.Un ‘don’Contreras fue consultada sobre estas percepciones y cómo supuestamente se conecta con las víctimas. “Yo nací con un don de clarividencia, de percepciones, justamente con personas desaparecidas, extraviadas. No importa dónde están, yo siempre llego. Es un don divino que no es mío, lo tuvo mi madre y dio la casualidad que nací con ese don. No es mi primer caso ni la primera vez que me intereso en algo, porque llevo muchos años en esto, pero nunca me pasó como acá en Río Grande”, afirmó.Respecto de Sofía, dijo que al día siguiente de la desaparición tuvo sus primeras visiones. “Tengo una pequeña de la misma edad de Sofía y empecé de inmediato a trabajar con mis percepciones, primero tratando de ubicar a la pequeña, su estado, y me daba ya que no estaba viva”, manifestó, con el impacto que tal aseveración tiene para toda la comunidad que espera encontrarla.Las motivaciones de Contreras son varias, entre ellas “demostrar simplemente que las personas que tienen el don de la clarividencia y percepciones existen, porque en otros países se trabaja con ellos y uno contribuye para el bien social. Yo he tenido oportunidad en otras provincias argentinas menos acá, que no me han dado opción más que esta, de pedir ayuda”, indicó sobre su acercamiento a los medios para ser escuchada.“Desde el comienzo denoto la energía de la pequeña a través de fotos, y que nunca llegó al camping ese día. Veo que el entorno familiar y de amistad saben donde está, que siempre lo supieron, que nunca salió de Río Grande y aún se encuentra en el seno de su hogar. Allí me impiden llegar”, dijo.Consultada acerca de si cabe la posibilidad de que no haya ingresado al camping pero se haya extraviado en la periferia, insistió en su versión de que nunca se trasladó a ese lugar: “Mis percepciones me hablan de un día anterior. Recibo problemas en su cuerpo del día anterior, maltrato. Ella me habla de dolor de brazos, como que la zamarrean. Su energía me transmuta la casa. La casa. Y se me impide el allanamiento”, apuntó.El pedidoLa vidente prestó declaración testimonial ante la justicia y reclamó un allanamiento a la vivienda, con uso del geo radar, al que no se le dio curso hasta el momento. Aun cuando parezca una locura y un golpe fuerte para la familia, que de víctima pasa a ser acusada, Contreras replica que si no tienen nada que ocultar deberían acceder a la búsqueda en el domicilio, convencida incluso del lugar preciso donde cree que se encuentra. “Aclaro a todo el mundo que cualquier gasto que se ocasione, si fallara como tantos otros que vinieron y fallaron, me hago cargo de lo que se rompa o lo que tenga que pagar en el tema material”, dijo.Por razones más que obvias, estas declaraciones generaron un airado rechazo de los padres de Sofía, aunque para la vidente se enmarcan en una actitud sospechosa: “Los padres dicen por radio ‘esa mujer nos vino a joder la vida’, palabras textuales. A mí me hubiera gustado que la señora María Elena y el señor Edgar Fabián Herrera, en vez de decir ‘esa mujer me viene a joder la vida’, hubieran dicho ‘invito a la vidente neuquina a ingresar a mi casa para sacarse todas las dudas que tenga ella y cuanta persona dude de nosotros’. Pero cuando se enteraron que mis intenciones eran ingresar a su domicilio y la posibilidad de usar el geo radar, empecé a tener amenazas hacia mi persona, mis hijas y también hacia el matrimonio donde yo paro en Ushuaia”, afirmó.Precisó que las amenazas se realizan a través de llamadas telefónicas “de ellos”, ya que cuentan con los datos que fueron registrados en la declaración testimonial. “La verdad me llama la atención porque el que nada hace, nada teme. Yo soy una persona que voy al frente hasta la recta final”, se diferenció.La vidente agregó que hay amenazas también a algunos medios de comunicación que le dieron espacio, “tanto de Río Grande como de otros lugares. Gente de Ushuaia que me apoya de todos los medios, fue amenazada por la familia Herrera”, insistió, dando el nombre de algunos comunicadores.Asimismo, pidió que miren el pasado de la familia, donde habría registro de antecedentes de violencia.Algunos hallazgosLa falta de credibilidad con que fue recibida la versión, obliga a mirar el historial de la vidente. La mujer registra varios hallazgos en colaboración con investigadores de la policía y la justicia. En su testimonial dice haber dejado registro de varios. Mencionó entre ellos la desaparición de un joven a la salida de una bailanta, del que no se supo nada después de que lo persiguiera una patota. “Mis percepciones me dieron que lo habían matado, que lo habían tirado al agua y estaba atascado en las raíces de los árboles en un canal muy cerca de la bailanta, más o menos a diez o quince kilómetros. Tuve la suerte de que a los 14 kilómetros estaba atascado en las raíces de un árbol flotando en el agua, es un caso muy conocido y popular en Neuquén. La policía de otros pueblos saben de este hecho, conocen mi persona, soy una persona muy conocida, he trabajado veinte años en medios televisivos y radiales”, relató, abriendo más incógnitas a la población local.En caso de que la vidente fuera escuchada por la justicia y se realizara el allanamiento, le preguntamos sobre la posibilidad de que el cuerpo fuera movido: “Quiero que sepan que pongan donde pongan a la pequeña su entorno familiar, yo la voy a encontrar”, sentenció, afirmando que puede comunicarse no solamente con ella sino “con todas las personas desaparecidas. Tengo ese poder de dios, ese don. Yo trabajo con fotos, con datos, con distintas figuras, y las distintas figuras me va dando el panorama a través de mi clarividencia, de la energía de la persona. Entonces sé dónde está, cómo está, si está acompañada, si sufre, si está dormida o despierta”.Finalmente dirigió un mensaje a la población: “Quiero decirle a los medios, a la gente de Río Grande, que por más que todos teman a los Herrera-Delgado y a su entorno, yo no le temo a nadie, solamente a dios”, concluyó.

jueves, 22 de octubre de 2009

Presentación oficial de la nueva línea de créditos hipotecarios en Tierra del Fuego

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los sectores medios de la población y contribuir a la generación de empleo, Banco Hipotecario S.A. realizará el próximo viernes 23 de octubre la presentación oficial de la nueva línea de préstamos hipotecarios “el crédito para tu casa” en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur.

Río Grande.- El acto se llevará a cabo en el Hotel del Glaciar a partir de las 11 hs. y contará con la presencia del director del Banco Hipotecario por el Estado Nacional Arq. Marcelo Cufré, autoridades regionales del Banco Hipotecario, funcionarios provinciales y municipales, así como representantes de cámaras constructivas, inmobiliarias, desarrolladoras y otras organizaciones de la sociedad civil.A menos de 5 meses desde su lanzamiento, 996 familias de la región patagónica ya tienen aprobado su crédito por 181 millones de pesos. A su vez, el 80% de las solicitudes ingresadas en Tierra del Fuego corresponde al destino construcción, que es además el preferido en todas las regiones del país. Se estima que los créditos que se otorguen durante 2009 para vivienda nueva (construcción/adquisición) generarán más de 400 puestos de trabajo en la provincia.Financiado con fondos de Anses, en esta primera etapa “El crédito para tu casa” contempla los destinos construcción, ampliación, terminación y adquisición de vivienda nueva o usada, ofreciendo mejores condiciones crediticias a los destinos que mayor empleo indirecto generan. Para la construcción, Banco Hipotecario ofrece la financiación del 100% de la obra con una tasa de 10% (TNA), plazos de hasta 20 años y la posibilidad de contar con una tipología de modelos constructivos diseñados para cada región del país.Las condiciones para obtener esta línea de préstamos para vivienda son las más favorables del mercado crediticio argentino, con ingresos familiares mínimos requeridos de $2000 y una relación cuota ingreso de hasta el 40%, pudiendo los solicitantes construir o adquirir viviendas de hasta 120 m2. Con 122 años de experiencia, los créditos otorgados por Banco Hipotecario acercaron a más de un millón y medio de familias a sus primeras viviendas y conformaron la fisonomía de las principales ciudades del país. En los últimos años, a través de un trabajo de cooperación entre los sectores público y privado, Banco Hipotecario honró su misión histórica constituyéndose en la única entidad en otorgar préstamos para vivienda familiar a tasa fija con plazos de 20 años.Con el lanzamiento de “el Crédito para tu casa”, Banco Hipotecario ratifica su liderazgo en el mercado de créditos hipotecarios y refuerza su compromiso de trabajar en la elaboración de políticas crediticias tendientes a generar un efecto multiplicador en la economía.

miércoles, 30 de septiembre de 2009

“A Urrutia se lo está haciendo como un monstruo perverso y morboso” dijo su defensor



El mismo día en que se cumplía un año de la desaparición de Sofía Herrera, el abogado que representa a Alberto Faustino Urrutia, el Dr. Diego Jure, tenía prevista la audiencia ante la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte, y ante este tribunal, ampliaría verbalmente los argumentos de la apelación presentada, con relación al procesamiento de su defendido, a quien se le endilga el delito de “sustracción de menor”.

Río Grande.- Ayer, el abogado fue consultado sobre esta situación y explicó “me presenté en la Cámara de Apelaciones tenía la audiencia, así que los tres jueces que componen el tribunal me han tomado la declaración “in voce”, esto es ampliar verbalmente lo que yo he fundamentado en mi escrito de apelación, si bien es un escrito escueto o superficial, dejé la ampliación verbal para ampliar técnicamente porque Urrutia es imposible que haya cometido el delito que se le achaca, entonces ya voy atacando la teoría del delito, la teoría que el Dr. Eduardo López le imputa a Urrutia”, detalló Jure.Preguntado sobre los puntos en que hizo hincapié, el letrado dijo “yo hice primero; planteos de nulidad en cuanto a la indagatoria, luego amplié jurídicamente, respecto del tema de la ampliación es muy teórico, es en base a la inexistencia de pruebas” aseguró Jure, al tiempo que agregó “para cometer un delito, ya que un delito está compuesto por una acción que es típica, antijurídica, culpable y atribuible a una persona. Nosotros hoy tenemos un Código Penal de actos, es decir que lo que se castiga son las acciones, no las conductas, ni los pensamientos, ni la conciencia de las personas, por eso yo ataqué el decisorio del juez, en base a que, él mismo, se basó en un derecho penal de peligrosidad, o sea lo que se conocía antes como la portación de rostro; no podemos a una persona imputarla o indagarla, por sus pensamientos, o por su vida cultural” detalló el abogado que defiende a Urrutia.De igual manera, el abogado volvió a insistir en la inocencia del anciano detenido: “Estoy absolutamente convencido que Urrutia no tiene nada que ver en este tema”.Urrutia comienza a preocuparse por su situaciónAsimismo, se le consultó a Diego Jure si en los últimos días, había dialogado con su defendido, aseverando “yo le transmito cada acto, y él, ahora que está pasando el tiempo, un poco, “se está dando cuenta de la situación que está teniendo“ dijo sobre la preocupación que atañe a Urrutia, y prosiguió “en principio lo tomaba cautelosamente, pensaba que esto ya iba a pasar, pero ve que aún está detenido y sin solución. Yo le transmito que debemos esperar, al menos hasta que resuelva la Cámara”.Para concluir, se le consultó al abogado sobre lo que pensaba su asistido, sobre este lamentable aniversario de la desaparición de Sofía, y comentó “Él está tan preocupado como el resto de la sociedad, y así estuvo preocupado desde el principio, esto que se le está endilgando ahora la frialdad, es absolutamente incierto, todo esto no es así. A Urrutia se le achacó que al momento que se denunció el hecho, tuvo una frialdad escalofriante para colaborar en la búsqueda, esto no es así, a Urrutia se lo está haciendo como un monstruo perverso morboso, pero el Sr. Urrutia no es eso”, enfatizó el abogado Diego Jure, para concluir.

martes, 29 de septiembre de 2009

"Para impulsar la mano de obra local y sustituir importaciones" ANALIZAN RADICACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS



La gobernadora Fabiana Ríos confirmó que el Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, se encuentra analizando junto a la Secretaría de Industria de la Nación la reapertura del registro de empresas para la instalación de nuevos proyectos productivos en Tierra del Fuego.

Ushuaia.- “En esto se está trabajando desde hace varios meses, para no afectar a la industria fueguina ya instalada, porque en definitiva lo que se propone impulsar es la instalación de nuevos proyectos industriales, garantizando una diversidad de productos y no más industrias que fabriquen lo mismo”, sostuvo la mandataria.Ríos señaló que “frente al proyecto de Ley de impuestos internos que debe tratar el Senado, y la cantidad de productos cuyos procesos industriales se han caído, lo que se busca es poder habilitar nuevos procesos”.De este modo, aseguró que se pretende fortalecer la sustitución de importaciones, por lo que la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal junto a Nación avanzan en la ampliación del registro de empresas, situación que arrastra una demora de tres años y medio.De acuerdo a la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, el trabajo conjunto con la Secretaría de Industria de Nación apunta a que no se perjudique tanto a las industrias radicadas en la provincia como a las que se encuentran en el norte del país, alentando la instalación de firmas que amplíen el abanico de productos, los que actualmente giran básicamente en torno a equipos de aire acondicionado; televisores LCD y Plasma y microondas.Con la presentación del reestablecimiento de los decretos 478 y 490 que permitirían la sustitución, así como la reapertura a la radicación de empresas para producir otros nuevos, desde el Gobierno se espera revertir las limitaciones actuales de la producción fueguina, cuyos productos actualmente sufren la caída de la demanda.

FADUL SIGUE SUMANDO FIRMAS "Queremos un negocio para todos los habitantes"



La doctora Liliana “Chispita” Fadul y adherentes de su Partido Federal Fueguino sumaron más de veinte mil firmas para incorporarlas al trámite de iniciativa popular, mediante el cual se busca el rechazo del contrato con la empresa china. La diputada electa dijo que la Legislatura debe tratar el asunto para permitir que la gobernadora convoque, de cara al pueblo, una licitación pública nacional e internacional, con condiciones más favorables para la provincia. Dijo que el contrato más importante de la provincia no puede celebrarse de manera directa.

Río Grande.- La doctora Liliana “Chispita” Fadul dijo ayer en FM del Sur que durante la campaña que lleva adelante el Partido Federal Fueguino ya se lograron juntar más de veinte mil firmas, en el marco de la iniciativa popular que tiene por objeto que la Legislatura provincial no apruebe la continuidad del contrato entre el gobierno y la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía & Química para la venta de gas.La diputada electa precisó que después de la sesión ordinaria del 24 de septiembre, la gente expresó que no está de acuerdo con que se siga adelante con este convenio, tal es así que en escasos dos días (en alusión al fin de semana pasado), más de 4 mil personas de Río Grande han firmado para que se rechace el contrato.Sostuvo que más de veinte mil firmas es un número más que importante, pero también hay que tener en cuenta las miles de firmas que juntó el grupo de ex trabajadores de Ypf.“Nosotros siempre dijimos que no había derechos adquiridos, porque no había ninguna norma ni ningún contrato que avalara la posibilidad de que la empresa hiciera pagos; o sea que un depósito no quitaría ni pondría nada al asunto”, señaló Fadul frente a la versión de que la firma ya habría depositado los 27 millones de dólares restantes en carácter de primer anticipo.La doctora Fadul dijo que cuando los legisladores den tratamiento al tema, deberían rechazar el contrato, en tanto que “la gobernadora Fabiana Ríos debería llamar a una licitación pública nacional e internacional, como corresponde, de cara al pueblo, para que cualquier empresa que tenga la capacidad técnica y legal para poder ser oferente, lo haga a un precio base mucho mayor a un dólar con ochenta y con las mejores condiciones para la provincia de Tierra del Fuego”.Censura previa en un medio oficialLa diputada electa también habló en el Canal 11 de Ushuaia, donde se refirió al spot publicitario de su partido que fue censurado por la televisión oficial, explicando que ella misma contrató la publicidad con una agencia particular, y que en ese espacio “se decía algo muy claro, para nada agraviante… simplemente hacíamos referencia a las más de 15 mil personas que habían puesto su firma antes de la sesión”.Por su parte -agregó- la agencia le informó que había “inconvenientes” con la publicidad, aunque sin mayores precisiones. Con posterioridad, en una entrevista realizada al secretario de Comunicación Institucional Ricardo González Dorfman admitió que mandó a pedir el archivo “para analizar su contenido” y que luego de este control él mismo había considerado que no había nada agraviante en el mensaje, por lo que dio una nueva orden para que se volviera a pasar por el canal.Fadul señaló que el publicista Federico Noia le dijo que había recibido un llamado desde el gobierno, en el que se le pedía que devolviera los recibos y la factura porque el spot no iba a ser pasado, aunque luego se dispuso lo contrario.Remarcó que el spot no era publicitario, sino que tenía como propósito la difusión de una opinión y la posición del partido que representa en torno del contrato con los chinos, y que, como siempre lo hace, asumía cualquier responsabilidad que pudiera haberse derivado de su contenido. “Además, yo soy muy medida en las palabras que digo. Si no tengo pruebas jamás voy a acusar a nadie. Este mensaje no era agraviante ni insultante, pero que haya llegado a la Casa de Gobierno para ver si el contenido era agraviante o injuriante era mi responsabilidad y no la de González Dorfman”, respuso.Indicó que más allá de que evaluara la conducta del abogado Dorfman, lo único que le interesa es que esta censura no vuelva a ocurrir, porque el artículo 14 de la Constitución Nacional es muy claro en este sentido, que ni siquiera merece interpretaciones, cuando dispone que todos los habitantes de la nación tienen derecho a publicar sus ideas en la prensa sin censura previa.DiscriminaciónEn relación al trámite de la iniciativa popular para que la Legislatura no apruebe el contrato con los chinos, remarcó que la ley que regula la misma impone como requisito un número de firmas equivalentes al diez por ciento del electorado que haya efectivamente votado en la última elección provincial, por lo que según los cálculos obtenidos de los resultados comiciales de 2007, tendrían que juntarse aproximadamente seis mil firmas.En cuanto a las versiones que indicarían que muchas de las firmas pertenecen a personas extranjeras, la diputada electa explicó que en la iniciativa se presentaron más de 15 mil firmas, aunque es posible que se haya incluido la firma de algunos extranjeros que están radicados en la provincia.De todos modos, dijo que será el juez electoral el que examine las planillas y verifique si se juntaron el diez por ciento de firmas que exige el artículo 207 de la Constitución Provincial para el trámite de la iniciativa popular.“Me parece absolutamente discriminatorio que un vecino no pueda expresar su opinión porque no sea naturalizado o nacionalizado”, dijo la doctora Fadul, precisando que hay muchas personas que están viviendo en nuestra provincia desde hace muchísimos años, que están arraigados, que tienen familias, y que no deberían quedar al margen por el solo hecho de ser extranjeros, destacando que la presentación de la iniciativa es “absolutamente legal”. El proyecto ya estaba presentadoEn otro orden, resaltó que los legisladores deberán saber que hay más de veinte mil voluntades en la provincia, sumando las más de 4 mil firmas que se presentaron ayer, por lo que tendrán que tratar rápidamente el asunto Nº 199 y rechazar el acta que firmó la gobernadora con la empresa de capitales chinos, donde, entre otras cosas, se pide una prórroga para la integración del pago de anticipo antes del 30 de septiembre.Sostuvo que el asunto en cuestión debió tratarse el mismo día 24 de septiembre, fecha en que tuvo lugar la última sesión ordinaria del cuerpo, donde “perfectamente se pudo haber tratado el tema, porque además, ni siquiera se necesitaba la iniciativa popular, porque el proyecto ya estaba para ser tratado por los legisladores”.Fadul dijo que antes de dicha sesión, pidió hablar con distintos legisladores, y que el único que los atendió fue el doctor Gabriel Pluis, del radicalismo, ya que el resto de los representantes parlamentarios se excusaron por haber estado ocupados, según manifestaron sus respectivos secretarios, como fue el caso del legislador Ricardo Wilder.Queremos un negocio para todos los habitantesEn otro orden, dijo que las firmas no solamente respaldan a una persona sino a una necesidad de preservar nuestros recursos naturales y hacer mejores negocios.“Este contrato, que es el negocio más grande y más importante que se ha hecho en la provincia de Tierra del Fuego, por lo menos amerita que se llame a una licitación pública nacional e internacional, donde no sea sólo una empresa la que tenga la oportunidad, y menos aun en forma directa con una obligación de vender nuestro gas natural por veinticinco años a un dólar con ochenta el millón de BTU. Queremos que un negocio real y más beneficioso para todos los habitantes de Tierra del Fuego”, concluyó.

lunes, 28 de septiembre de 2009

= La cuarta sesión ordinaria fue el detonante = Iniciativa popular: se profundiza el malestar y pedirían revocatorias



Las excusas de la mayoría legislativa para dilatar el tratamiento del proyecto de iniciativa popular tuvieron consecuencias en lo inmediato y se avecinan otras en el mediano plazo. Los ciudadanos se volcaron a firmar y seguirán ingresando adhesiones al Juzgado, donde fue derivada la documentación. Hoy se van a presentar 4.500 firmas más recolectadas en Río Grande este fin de semana, con lo que se superan las 20 mil para derogar el contrato. Además, el malestar popular anticipa otras medidas: la revocatoria de mandatos que sólo es posible cumplidos los dos primeros años.


Río Grande.- Los legisladores que se negaron a tratar la iniciativa popular y derivaron la documentación al Juzgado, avivaron el malestar preexistente y, a partir de enero, comenzaría la actividad para la revocatoria de mandatos.Fue el anticipo dado este viernes por Alejandro Bertotto a Radio Uno, como transmisor de la indignación generalizada que no lograron menguar ni las excusas del oficialismo, ni las de la oposición, en este caso con responsabilidad compartida.La diputada electa Liliana Fadul señaló a FM del Sur que la situación fue “muy clara”, mientras las sospechas de intereses económicos también van tomando cuerpo. “Los legisladores salvo uno –Gabriel Pluis-, no quisieron tratar el asunto 199, que era el que nos convocaba fundamentalmente y era objeto de la iniciativa popular. Si hubiese habido voluntad política de los legisladores para tratar lo que miles y miles de personas pedimos, se hubiese podido hacer tranquilamente sobre tablas, porque había un asunto, el 199, yo tenía en mis manos una fotocopia y no había dudas”, señaló Fadul, en respuesta de las voces de la Cámara que se apuraron a aclarar que no había tomado estado parlamentario la iniciativa que había recogido más de 15 mil firmas.“Si el artículo 207 –referido a la iniciativa popular- no está reglamentado, pese a que han pasado unos cuantos años, entonces ahora, según lo que explicó en la sesión (Manuel) Raimbault, van a aplicar la ley nacional. Todo esto lleva un trámite que no es corto. Como ya estaba el asunto, la gente que estábamos en el público le pedimos al legislador Pluis que haga propio el proyecto y tratarlo ahí sin ningún otro trámite más. Los legisladores lo que tenían que hacer era tomar postura, a ver si se le daba o no prórroga a la empresa conocida como ‘empresa china’, para integrar el primer pago. Lo de iniciativa popular claro que es muy importante, pero estaba el asunto 199 y solamente con haberlo votado ya estaba cumplido lo que miles y miles de personas pedían. La gente pedía que se rechazara el asunto 199 y eso se podía hacer perfectamente como lo pidió el legislador Pluis”, remarcó la diputada electa.Siguiendo la secuencia de la jornada, y tras fracasar el intento de tratar sobre tablas el proyecto de particulares ingresado como iniciativa popular, el radical Pluis requirió el debate sobre el Asunto 199 que había sido elevado por el Ejecutivo más de un mes atrás. “Lamentablemente se quedó votando solo”, dijo Fadul, observando que la próxima sesión se hará recién el 29 de octubre.Sumando firmasConsultada sobre lo que va a ocurrir con las firmas, la diputada electa dio cuenta de la cantidad que se sigue sumando, con más vigor a partir del comportamiento de la mayoría legislativa. “Ya hay más de 15.500 firmas porque volvimos a hacer otra presentación, y las firmas se seguirán recolectando. Salimos de la sesión y dijimos que seguimos juntando firmas, porque no es que terminamos la sesión y nos olvidamos del asunto. Esto es algo que va a trascender a varios gobiernos, porque nos compromete a vender nuestro gas natural a un precio determinado hasta el año 2035. Tenemos que concientizarnos de que es importantísimo para nuestro futuro y el de muchos más y me parece un tema central”, enfatizó.Aseguró que se van a seguir presentando “muchísimas firmas” y que en estos días “mi teléfono y el de varios que estamos luchando por este tema están llenos de mensajes de texto diciendo que no aflojemos, que sigamos adelante. La cosa continúa y va a continuar por supuesto con todo el respeto que las instituciones se merecen”, ratificó.Agregó que las firmas se van a seguir presentando “para que los legisladores y la gobernadora entiendan cuál es la postura mayoritaria de los habitantes, que es lo que deben respetar. Cuando me toque a partir del 10 de diciembre sentarme en una banca, por supuesto que tengo que ir tomando el termómetro de lo que mayoritariamente la gente de la provincia quiere, por supuesto manteniendo los principios, pero uno representa gente. Por eso las firmas se van a seguir recolectando, para que entiendan qué es lo que el pueblo de Tierra del Fuego dice que debe hacerse con esta situación”, reiteró.Motivos no tan ocultosPor último Fadul dejó en el aire varias preguntas que las explicaciones de los legisladores no llegan a satisfacer: “¿Cuál fue el motivo por el que un solo legislador provincial quiso tratar el asunto que legalmente podía ser tratado? Miles de ciudadanos queremos una explicación. ¿Qué es lo que piensan hacer? Quisiera saber por qué, teniendo todos los elementos desde el día 27 de agosto, donde la gobernadora misma pedía que se ratificara el acta acuerdo, hubo tiempo suficiente para que el asunto se resuelva en la comisión 1, y no se resolvió. Con los dos tercios tranquilamente se podía habilitar el debate. ¿Cuánto vamos a esperar para que esto se defina?”, volvió a requerir.Por su parte Alejandro Bertotto, integrante del PFF e involucrado en la campaña de recolección de firmas junto con organizaciones intermedias de la provincia, adelantó que el malestar es tal que en enero próximo, cuando se cumplan los dos años que fija la normativa, habrá otra juntada de firmas: esta vez, para la revocatoria de mandatos.

viernes, 25 de septiembre de 2009

Las cuestiones de peso de la Legislatura



La legisladora Ana Lía Collavino explicó las razones por las que se pasó a comisión el proyecto de iniciativa popular. La documentación fue girada ayer por la mañana al juez electoral, para que certifique las firmas como lo dispone la ley nacional. De ingresar el pago de los 27 millones por parte de la empresa de capitales chinos, el Ejecutivo deberá resolver con urgencia las observaciones de los organismos de control, para que el contrato avance, agregó. Además, dijo que le sorprendió que el oficialismo no ingresara sobre tablas la ley tarifaria, que estaba consensuada. La tarifaria no se trató, pero se aprobó la Ley de Flagrancia.

Río Grande.- Ayer sesionó la Legislatura y no se aprobó ni el proyecto de iniciativa popular ni la ley tarifaria. Sobre esta última, la legisladora Ana Lía Collavino expresó a FM La Isla que desde el bloque del FPV habían sentado postura “hace más de diez días” y afirmó desconocer “los motivos de por qué no se presentó el proyecto. Nosotros pensábamos que se iba a tratar la tarifaria sobre tablas”, indicó.Aclaró que el único tema que quedaba sujeto a la aprobación de la Nación estaba relacionado con los gravámenes a las industrias, “pero todo el resto íbamos a acompañarlo”, insistió.“Para mí personalmente fue una sorpresa porque hace dos semanas o más que venimos hablando de este tema, en forma personal he trabajado junto con la legisladora (Mónica) Urquiza, el Ministro de Economía y el Secretario de Ingresos Públicos –recordó-. Trabajamos los cuatro, inclusive en redactar los artículos en función de lo que fuimos consensuando. Realmente pensé que el bloque oficialista iba a presentar sobre tablas el proyecto, y qué es lo que hubo en el medio la verdad nuestro bloque lo desconoce. Capaz que ocurrió algo y nuestro bloque lo desconoce, porque de nuestra parte no hubo ningún tipo de cambio de opinión”.Dispuestos a una especialCollavino aseguró que, de convocarse a sesión especial antes de la definición de Nación en materia de promoción a la industria, votarán la tarifaria para los gravámenes a pesca y petróleo, “con el compromiso público inclusive de que en el momento que se apruebe en Nación se convoque a sesión especial y nosotros apoyamos la parte de industria. Es una cuestión de coherencia: si a nivel nacional se está hablando justamente de las tasas de las industrias, tenemos la obligación de esperar qué definición tiene para ver cómo impacta. Estamos dispuestos y hemos sido muy claros en eso”, subrayó.Impuestazo innecesarioLa legisladora consideró que no es necesario, como ha ocurrido en otras jurisdicciones, extender los gravámenes al pequeño empresario o al consumo. “Aquí nosotros, aumentando la tasa de verificación de procesos productivos, la certificación de origen, con la cantidad de petróleo y gas que estamos certificando, más lo que certifican las industrias, estamos hablando de cifras realmente importantes”, destacó.Consultada acerca de si existen razones de peso para que no se resuelvan las diferencias, respondió que “más que razones de peso me parece que no había voluntad de parte del oficialismo, o por ahí le costó entender que la búsqueda de consenso es eso, que no todo sale cien por cien de lo que uno quiere, sino que hay que consensuar con los demás bloques y esa es una muestra de democracia. Por eso me asombró, porque por primera vez habíamos logrado un consenso real y habíamos avanzado sobre algunos puntos que superaban a la primera tarifaria”, aseguró.Entre esos avances, mencionó “el tema de la tasa cero de la construcción, el tema de los estancieros, la modificación del nomenclador general. Por eso a mí realmente lo de hoy nos sorprendió, algo pasó y nosotros lo desconocemos”, insistió Collavino.Por otra parte, quiso aclarar “a la comunidad” que en su momento además de la tarifaria corta la Legislatura “le aprobó a la provincia un revalúo fiscal inmobiliario que nunca se hizo y no sabemos por qué, y le habría permitido incrementar sustancialmente la recaudación inmobiliaria. Esto contaba con el acuerdo de la Sociedad Rural y solamente había que sentase y efectuar el trabajo. También habíamos aprobado una moratoria que lamentablemente se reglamentó de una forma tan complicada que la población no pudo acogerse”, apuntó.Recuadro -------------Pase a comisión de la iniciativa popular“Realmente fue un cuasi circo”, acusó CollavinoSi bien no había trascendido el miércoles, la comisión de Labor Parlamentaria tomó una decisión sobre la iniciativa popular. Le encomendó a Presidencia el giro de la documentación al juez electoral para seguir los pasos que marca la ley nacional, a falta de reglamentación del artículo constitucional que incorpora esta herramienta.“Por lo poco que vi en algunos portales de Ushuaia, se está mal informando –señaló la legisladora Collavino sobre el tema-. El día anterior en Labor Parlamentaria nos reunimos los quince legisladores y, por primera vez en la historia de la Legislatura de la provincia, se decidió tomar la iniciativa popular como un proyecto. Fue una decisión que se tomó en Labor Parlamentaria y se instruyó al Presidente de la Legislatura a que cumplimentara los requisitos que exige la ley nacional para este tipo de iniciativa. En la provincia no tenemos reglamentada la iniciativa popular y en el caso que pasó hace unos años atrás que fue RENASA, hay un fallo de la Cámara que dice que tenemos que usar supletoriamente la ley nacional”, recordó.Amplió señalando que esa ley “establece algunos requisitos, el primero es girar la documentación al juez electoral para que certifique las firmas y que son electores en Tierra del Fuego”.El trámite, según informó Collavino, se cumplió a primera hora de la mañana de ayer, antes de la sesión, con el giro de la documentación al Juzgado. “En ningún momento se votó en contra, al contrario, se votó a favor y ahora se espera la certificación de la provincia y se tratará en la comisión como corresponde”, dijo.El mecanismo elegido obligará a los 17 mil ciudadanos que acompañaron la iniciativa a acercarse al Juzgado a volver a firmar, a partir de una metodología que, de haber existido voluntad política, pudo decidirse sobre tablas.“Circo” y “desinformación”Asimismo, la legisladora cargó contra los responsables de promover el proyecto expresando que “sabían perfectamente que este era el circuito a seguir, nosotros no estamos inventando nada”, y acusó al legislador Gabriel Pluis de montar un “circo” en la sesión.“A mí me asombró la postura del legislador Pluis, que estuvo en la reunión de Labor Parlamentaria, aunque se negó a firmar la resolución, y sabía lo que íbamos a hacer. Es un hombre de Derecho y sabe que lo que estábamos haciendo es respetando la ley, entonces no entendemos esto de haber armado este cuasi circo, porque realmente fue un cuasi circo en la sesión, por hacerle creer a la comunidad que la Legislatura se estaba negando a darle tratamiento a una iniciativa popular, cuando ya estaba en manos del juez para que siga el trámite que tiene que seguir y poder ser tratada”.A propósito del tema dijo que “sería muy torpe de parte de cualquiera de los legisladores desconocer o faltarle el respeto a la voluntad de más de 15 mil ciudadanos de la provincia”.Clink, cajaLa dilación legislativa no descarta que, en el medio del proceso de certificación, la empresa pague los 27 millones que adeuda desde abril y el Ejecutivo apure el contrato. “Yo creo que, de ingresar el dinero, en forma urgente el Ejecutivo tendrá que ver con los organismos de control cómo lograr que ese contrato se adecue a la ley 774, como para no perder esa importante suma de dinero que puede servir para el plan de obras tan ambicioso que estaba previsto por esa ley. Caso contrario se tendrá que dilucidar por la vía judicial qué corresponde hacer con este dinero, pero no le corresponde a la Legislatura”, deslindó.“Es cierto que es el contrato más importante en la historia de la provincia pero no deja de ser un contrato, y el trámite que sigue es el mismo de un contrato de obra que tenga observaciones. Acá el Ejecutivo ha tenido un problema serio, primero de comunicación a la sociedad de lo que perseguía con este contrato, y evidentemente hay un problema interno que impide que levanten las observaciones de los organismos de control”, opinó.Contra las afirmaciones de la gobernadora, que asegura haber levantado las observaciones, Collavino dijo que no es así. “No es lo que nos informa el Tribunal de Cuentas. Es muy claro el Tribunal diciendo que recién en estos días llegó el acuerdo complementario que levanta una por una las observaciones que el Tribunal entregó dos días después al Ejecutivo. Fueron bastante visionarios”, observó.Por último consideró que de parte del gobierno “hubo una intencionalidad manifiesta desde el primer día de que si esto salía mal, la culpa era de la Legislatura. Nosotros llevamos meses estudiando este tema y tenemos asesores sobre los caminos legales y técnicos de todo este tema. Realmente acá la Legislatura su responsabilidad, que era el dictado de una ley, la cumplió, y hay una responsabilidad muy seria del Ejecutivo de levantar las observaciones y eso hace que no exista contrato, porque si no se levantaron las observaciones el contrato no está”.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Y RESULTÓ UN CUENTO CHINO...La Fiscalía de Estado dictaminó que nunca hubo contrato con Tierra del Fuego Energía y Química S.A.



“No existe relación contractual entre la provincia y la empresa”, ratificó el Fiscal de Estado ayer, en respuesta a la presentación que hace escasos días realizaran los justicialistas Omar Becerra y Jorge López. Reclamaban un amparo frente a las irregularidades del acuerdo con Tierra del Fuego Energía y Química S.A. y la respuesta fue una nota es breve donde Martínez de Sucre deja claro que depende de los legisladores atender a las observaciones realizadas tanto por la Fiscalía como por el Tribunal de Cuentas al convenio con supuestos inversores chinos. El bloque radical adelantó el rechazo.
Río Grande.- Ayer 22 de septiembre ingresó la respuesta del Fiscal de Estado a la presentación que realizaran los justicialistas Omar Becerra y Jorge López el 17 de septiembre pasado.Ambos pedían que el Fiscal accionara por la vía del amparo para frenar la ratificación de un convenio sospechado y observado por los organismos de control, pero la respuesta fue que no existe convenio ni relación contractual entre el gobierno y la empresa que prometió instalar una planta de metanol.El Fiscal comunica a ambos que “ya se ha expedido sobre la materia” a través de diversos instrumentos, que detalla y adjunta. Entre ellos un dictamen del 12 de noviembre de 2008, una nota al vicepresidente primero de la Legislatura el 17 de diciembre de ese mismo año y por su intermedio a los integrantes del Cuerpo, un nuevo dictamen el 29 de abril de 2009 acompañado de una resolución de igual fecha, y una nueva nota al vicepresidente primero Manuel Raimbault el 29 de junio de 2009 con alcance a todos los legisladores.Recuerda que tras los primeros dictámenes la Legislatura avanzó igualmente con la sanción de la ley 774, promulgada el 23 de diciembre de 2008, por la que se fijó –entre otras cosas- el 30 de abril de este año como fecha tope para el primer pago, que el gobierno pretende prorrogar tras el incumplimiento.No obstante las observaciones, el Fiscal señala que el 28 de abril de 2009 la provincia suscribe la “oferta de suministro de gas” que merecieron “severas observaciones de esta Fiscalía de Estado a través del Dictamen F.E. N° 14/09 del día 29 de abril del corriente, elaborado a partir del proyecto finalmente suscripto”.Martínez de Sucre recuerda en esta nota algunos párrafos de su pronunciamiento: “Fácil es observar que si en el proyecto de convenio a suscribir que se ha remitido a este organismo de control obran cláusulas no contempladas en los instrumentos tomados en consideración por lo señores legisladores y referidos expresamente en el artículo precedentemente transcripto, tal como aquí acontece, reitero, debe darse nuevamente intervención a la Legislatura Provincial”.Señala que a pesar de esta recomendación no se dio intervención al Poder Legislativo “ni se ha dictado en consecuencia la inexcusable ley de aprobación de un contrato, lo que constituye razón suficiente para sostener fundadamente que no existe relación contractual entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A.”.El Fiscal agrega que la empresa “no efectuó el depósito del monto adelantado correspondiente al primer año dentro del plazo fijado”, y subraya, reiterando y a modo de síntesis, que “no existe ni ha existido relación contractual entre la Provincia y TDFEyQ, que genere las obligaciones previstas en el instrumento denominado ‘oferta de suministro de gas’ que suscribiera la Sra. Gobernadora de la provincia el día 28 de abril del corriente”.Que la Legislatura escucheEl último párrafo de la nota del Fiscal está claramente dirigido a los legisladores que, a pesar de las observaciones, pretendan avanzar con la aprobación del contrato. “No puedo dejar de expresar mi confianza en que las serias objeciones que el suscripto formulara en los instrumentos aludidos en el segundo párrafo de la presente (como las efectuadas también por el Tribunal de Cuentas de la Provincia), serán tenidas en consideración por los Sres. legisladores –que tienen conocimiento de las mismas, bastando citar en dicho sentido la Nota F.E. N° 369/09 ya mencionada- al momento de tomar alguna eventual decisión sobre el asunto que nos ocupa”.La UCR decididaEl legislador Gabriel Pluis, el único en votar por la negativa en diciembre pasado, cuando se aprobó la ley 774, adelantó que no aprobará el convenio ni la prórroga del plazo de pago que solicita el gobierno.Esta semana sesiona la Legislatura y el radical planteará su posición que, de ser acompañada, y con el rechazo de miles de firmas de ciudadanos de la provincia que se oponen al convenio como refuerzo, podría sellar el final del mentado “cuento chino”.

martes, 22 de septiembre de 2009

Créditos CRECE: una ‘rifa’ de los aportes privados



El informe del Tribunal de Cuentas vinculado con el otorgamiento y seguimiento de los créditos CRECE revela un total descontrol del Estado. El faltante de más de treinta millones que debían destinarse a la producción es solamente la consecuencia de una asignación discrecional, sin garantías y a sola firma en la mayoría de los casos. No hay registro de cuánto aportaron los funcionarios y trabajadores de sus salarios en nueve dependencias del gobierno, que no respondieron a la requisitoria del organismo. Entre el monto de recaudación total informado por Rentas y el registro del sistema SIGA hay una diferencia de dos millones. Ni el Banco, como agente financiero, tiene información actualizada. La Justicia iniciaría una investigación penal independiente de la causa madre para un caso en particular: la entrega de un millón y medio de pesos a una aerolínea regional y tampoco acreditó garantías. El ARI es en parte heredero y en parte responsable de la desaparición del dinero que aportaron el sector privado y los trabajadores públicos. Ríos nunca accionó frente a las irregularidades.

Río Grande.- Entre 75 y 77 millones se habrían recaudado, como mínimo, de los aportes impositivos del sector privado, funcionarios y trabajadores públicos para el “Fondo Social de Reactivación Productiva” creado en la ley de presupuesto 2004.La cifra no es certera porque, entre el registro de Rentas y el cruce con el sistema SIGA, aparecen dos millones de diferencia y, además, solamente cinco dependencias del Estado respondieron sobre los montos retenidos a los salarios y dietas, mientras que nueve siguen sin informar.Esta situación está claramente planteada en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la operatoria CRECE, que sin dar demasiados detalles algunos legisladores de la oposición calificaran de “lapidarios” mientras el gobierno arista se llamó a silencio.El trabajo del Tribunal fue realizado a pedido del juzgado de instrucción donde tramita la causa penal iniciada por la legisladora Virginia López sobre el final de la gestión anterior, cuando debió reemplazar en la Cámara al desaparecido Raúl Ruiz.Luego, y ante el reclamo de emprendedores que esperaban libramientos que nunca se hicieron, más la modificación de la conformación de la comisión de seguimiento legislativo a poco de asumir el ARI, los legisladores Roberto Frate, Ricardo Wilder y Luis Velázquez, iniciaron otra acción penal por la sospecha del uso de los fondos para el pago de salarios.DesaparecidosEl informe del Tribunal menciona una cifra superior a los 30 millones como faltante de la cuenta especial de los CRECE, declarados por ley como “intangibles e inembargables”, y ya ni siquiera está la cuenta en el Banco Tierra del Fuego.Pero eso no es todo: en el detalle y el muestreo de casos, se observa que, de los 50 millones entregados en préstamos, más de la mitad se hizo a sola firma y sin garantías.Los principales responsables de la aprobación de estos créditos fueron funcionarios coccaristas y, en particular, quien encabezaba la secretaría de la Producción, el licenciado Alejandro García. La primera etapa de una historia familiar en la provincia, la entrega de préstamos a amigos del poder con un antecedente en los PRODEFU de la gestión Estabillo. Podría decirse que en cierto modo forma parte de la herencia; pero la desaparición de los fondos o su no restitución como marca la ley es clara responsabilidad de la gestión Ríos, que directamente no entregó un centavo para producción, aun cuando existían varias carpetas aprobadas.La elaboración del informeEl Tribunal de Cuentas solicitó a la secretaría contable la última actualización del estado de los fondos CRECE con fecha 30 de marzo de este año, por lo cual las conclusiones se remontan al estado de situación al 31 de ese mismo mes.El contador Emilio May, a cargo del área interna del organismo, plantea una “administración deficiente”, el “incumplimiento de las pautas generales de otorgamiento de los créditos” y en general “un manejo sin controles”.Ante el retaceo de información por parte del Banco Tierra del Fuego, designado como agente financiero de la operatoria, considera “ilógico e irrazonable” que no pueda informar el estado de la cuenta. Recuerda que se solicitaron informes el 31 de diciembre del 2008 y que el Banco contestó recién el 5 de marzo de este año que no tenía la información y necesitaba de cuanto menos treinta días para reunirla, aunque sin garantizar que pudiera hacerlo porque dependía “de la disponibilidad efectiva del personal necesario”.La limitación, cuando no impedimento del acceso a la información a un organismo de control queda también certificada, y es “mérito” insoslayable de la gestión arista. Los mismos que ahora pusieron excusas y trabas, eran parte del sector que promovió en la Legislatura una ley de acceso a fines de 2004, pero cuando estaban del lado de la oposición.La secretaría contable del Tribunal recomienda la comunicación a la gobernadora y al Ministerio de Economía de esta situación, señalándolos como responsables en tanto de ellos depende tanto la Secretaría de Promoción y Política Fiscal como el Banco de la Provincia, “a fin de que se adopten las medidas pertinentes para que esta situación se subsane a la mayor brevedad posible; permitiendo de esta forma un manejo más racional y real de la operatoria de los CRECE”, señala.Finalmente recomienda notificar de las conclusiones de la investigación a la ex legisladora Virginia López, “en su carácter de denunciante” y por supuesto remitir copia al Poder Judicial que realizó el requerimiento.Algunas conclusionesEntre las conclusiones del informe resaltan los siguientes puntos:1) No se restituyeron los fondos embargados por la Municipalidad de Río Grande por más de ocho millones, antes de que se declarara la intangibilidad. En el decreto reglamentario de la ley se dispuso la devolución de $8.243.128,75 a la cuenta especial en 36 cuotas de $228.975,80. La primera venció el 1° de enero de 2008, en pleno mandato de Ríos, y nunca se pagó.2) La administración del programa fue “muy deficitaria” tanto en la forma de registro de los montos ingresados como en todas las erogaciones realizadas. Según disposiciones del decreto 2780/06 la Administración Central debía llevar un registro del Programa y enviar, a través de la Contaduría General, la rendición de cuentas al Tribunal, en forma mensual y con su correspondiente publicación en boletín oficial. A la fecha, ni Cóccaro que dictó el decreto, ni Ríos que lo sucedió en el cargo, cumplieron con la norma.3) No se cumplieron los procedimientos fijados por resolución del ministerio de la Producción “ya que se otorgaron créditos sin garantía, tanto prendarias como hipotecarias, a beneficiarios inhibidos, motivo de exclusión del programa”.4) Se otorgó un crédito y posterior ampliación (verificada y autorizada por Alejandro García), sin garantía, por un millón primero y 500 mil pesos después, “a la empresa DOS MIL AERO SISTEMA S.A. bajo el expediente 13903-ME-06, el cual a pesar de la situación económica financiera de la empresa, y de la abstención de opinión de las auditorías de sus balances se continuó con la tramitación y al día de la revisión del expediente continuaba sin la constitución de la garantía. Se recomienda una investigación por cuenta separada del caso mencionado para la determinación de responsabilidades atento que en particular la justicia es quien se está ocupando de su cobro”, señala textualmente el informe.5) Respecto de las modificaciones por ley a la integración de la comisión de seguimiento legislativo, realizada en sesión en abril de 2008 (cuando todavía Carlos Bassanetti presidía la Cámara), indica que nunca se reglamentó el funcionamiento ni se observa seguimiento ninguno.6) Tampoco hay registro del progreso económico, ni informes de flujo de fondos, resultados obtenidos ni generación de mano de obra con estos emprendimientos. No se verificaron las registraciones contables obligatorias tales como Libros IVA Compras e IVA Ventas, ni el detalle de personal incorporado que era uno de los requisitos del programa.Cabe indicar que el expediente de la secretaría contable del Tribunal de Cuentas se compone de 668 fojas distribuidas en cuatro cuerpos, donde se analizan algunas empresas beneficiarias de la operatoria, y fue presentado en febrero de 2009, con una actualización a abril de este año.--------------------------------------------------------------------------------------Para Raimbault los CRECE eran “un fracaso” porque sobraban fondos para producciónPalabras, tan sólo palabrasLos diarios de sesiones, esa fuente oficial consultada últimamente con frecuencia cuando se intenta dilucidar las contradicciones del gobierno, registra la opinión del legislador Manuel Raimbault sobre la operatoria CRECE, cuando ocupaba una banca de oposición.En la sesión ordinaria del 29 de marzo de 2007, y tras el embargo de la Municipalidad de Río Grande por deudas de coparticipación sobre la cuenta especial, los legisladores Roberto Frate y Raúl Ruiz –entonces miembros de la comisión de seguimiento legislativo- impulsaron la modificación de la ley para declarar intangibles a esos fondos.Frate destacó que ese dinero “resulta de una contribución realizada por el sector privado, los comerciantes, empleados públicos y funcionarios” y que el fondo “tiene un destino específico que son la reactivación y producción de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). No obstante, ha tenido embargos de las municipalidades, desvirtuándose el destino para el que fue creado. El Ejecutivo usa ese dinero para cubrir deudas que tiene con las municipalidades y, de esta manera, se desmerece la posibilidad de que sea destinado a quienes realmente los necesitan. Por ese motivo, consideramos que el Ejecutivo no debe usar estos fondos para cubrir sus deudas y vamos a solicitar el acompañamiento de nuestros pares para poder determinar la inembargabilidad de estos fondos y que su destino sea para lo que fueron creados”, dijo en sesión, defendiendo un proyecto que se aprobó por mayoría.Sin embargo el ARI se opuso –el mismo ARI que votó en 2008 el cambio en la comisión de seguimiento-, pero no por el programa en sí, sino por considerar “un fracaso” que se tuviera que recurrir al aporte de privados para financiar proyectos productivos, cuando el presupuesto de la provincia superaba los 1.700 millones.Ahora supera los dos mil, y de este lado de la valla el crítico legislador no ha dicho una palabra sobre la reafirmación del fracaso que, en todo caso, constituye que Ríos no haya podido destinar ya no un centavo a la producción, sino tampoco a obras de infraestructura esenciales.Quizás con aquella argumentación y negativa, veladamente Raimbault avaló el desvío de fondos que más tarde implementaría la mandataria arista.Recordemos sus palabras: “Si nosotros tenemos que poner impuestos al consumo o impuestos al salario con un presupuesto de mil setecientos millones de pesos para aplicar a políticas activas de pequeña y mediana empresa, en realidad, esa es la concesión del fracaso. Con mil setecientos millones de pesos no pudimos destinar un solo peso para las políticas activas. Le tuvimos que sacar dinero a los empleados públicos o a los comerciantes para hacer lo que el Estado no puede hacer.Entonces, me parece que en esa conceptualización de los fondos CRECE, como es el reconocimiento a un fracaso, también tiene que ser revisada”, señaló Raimbault.Y avanzó diciendo que el gobierno en ejercicio entonces, “creó casi una especie de banco paralelo o banco provincial con determinadas condiciones y tasas” y que con el alto ingreso provincial (menor que el actual aun cuando ya se había cumplido con el Megapase) “no pudimos discutir cómo aplicar a pequeñas y medianas empresas semejante masa (presupuestaria) de dinero, no pudimos discutir cómo hacíamos políticas serias en cuestiones económicas; la verdad es que, como mínimo, si le vamos a poner un reparo y un corralito de protección a los fondos CRECE, nosotros queremos empezar a discutir para qué están sirviendo los fondos CRECE; y cómo hacemos para reconocer qué gran fracaso tuvimos en Tierra del Fuego, para que lo que era excepcional, lo que tenía que terminar rápido, el impuesto al consumo, el impuesto al salario, ahora se haya convertido en permanente, aplaudido y encima protegido”, fustigó.Meses después el ARI oficialista insiste en gravar el consumo con una tarifaria que todavía no termina de acordarse con la oposición y, de aquellos criticados fondos, sólo queda el rastro de la desaparición y la oportunidad de la Justicia de encontrar a los responsables.

lunes, 21 de septiembre de 2009

Ríos dijo que la Legislatura deberá asumir el costo político El convenio caducará si la empresa no paga



La gobernadora admitió que si la empresa Tierra del Fuego Energía y Química no paga los restantes 27 millones de dólares, el convenio caducará, pero que, en todo caso, serán los legisladores quienes deban asumir los costos políticos por no aprobar la autorización de una prórroga. Fabiana Ríos dijo que la iniciativa popular –que comenzó con una campaña de firmas y que será presentada hoy a la Legislatura- es un legítimo derecho, pero cuestionó los “ataques” al proyecto. Por primera vez, la mandataria reconoció que pudo haberse equivocado o cometido un “error administrativo”.

Río Grande.- La gobernadora Fabiana Ríos admitió que si dentro del plazo, aún no autorizado, la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. no deposita los 27 millones de dólares que restan para el primer anticipo, el convenio caducará y que, en tal caso, será la propia Legislatura la que deba resolver la devolución de los 3 millones y la que asuma el costo político por tal decisión.En primer lugar, la mandataria se refirió a la iniciativa popular que será presentada ante la Legislatura provincial, mediante la que se busca una marcha atrás del cuestionado contrato con los chinos. En tal sentido, sostuvo que estos “ataques” son preocupantes, aunque reconoció que se trata de un ejercicio legítimo de derecho.“A mi me preocupa la manera en que se opina y salen cosas en medios nacionales que son absolutamente diferente a lo que son”, enfatizó la gobernadora en torno al tratamiento de este tema en los medios de prensa, y remarcó que “el acuerdo con la provincia de Shanxi, que deriva en el acuerdo con Tierra del Fuego Energía y Química, y que al día de hoy tiene los plazos vencidos, tiene una presentación en la Legislatura para la extensión de plazos al 30 de septiembre; si a esa fecha los fondos no están, el convenio estará caduco”.En cuanto a los ataques, dijo que se dieron porque “hay gente que legítimamente tiene dudas, debido a que se trata de un tema muy técnico, donde ha habido mucho ruido y cuestiones que efectivamente no se cumplieron en tiempo, haciendo que se generaran más dudas, pero las dudas se salvan conociéndose los detalles, y los detalles han sido conocidos”, subrayó.Para Ríos, “estos niveles de ataques no son buenos para la llegada de inversiones”, máxime cuando la provincia no tiene otras posibilidades de financiamiento nacional o internacional.“Todos podemos equivocarnos”Ríos confía en que en el curso de esta semana la empresa deposite los 27 millones de dólares restantes en carácter de anticipo, y advirtió que el pedido de amplitud de plazo fue presentado ante la Legislatura, que es la que dictó la ley, y es la única que puede resolver este pedido. En el caso de que la Legislatura decida no aceptar el pedido del nuevo plazo, será la misma Legislatura la que deba resolver la devolución de los tres millones de dólares depositados por la firma, y que en dicho caso serán los legisladores los que tengan que asumir esa responsabilidad política, ya que estamos en un momento donde no existe financiamiento nacional ni internacional, insistió la gobernadora.Sostuvo que la misma responsabilidad política deben asumir quienes están llamando a que el acuerdo no se haga, como también los que tienen en sus manos la posibilidad de ampliar los plazos y los que tuvieron en sus manos la facultad de aceptar o no el acuerdo.“En la función pública, cada uno tiene que hacerse responsable de lo suyo, y hacerse responsable significa también tener que dar explicaciones en la justicia si alguien considera que hay que darlas”. Dijo que si ella tiene que ir a dar explicaciones a la justicia, lo hará, y que por ello no se tiene que enojar.La mandataria consideró que en esta cuestión, “la razón no la tiene quien grita más fuerte, porque todos podemos equivocarnos y tener errores administrativos”.Por otro lado, la gobernadora sostuvo que los 30 millones de dólares tienen un destino fijado por ley: bienes de capitales y obras de infraestructura a través de un plan que fue presentado en diciembre ante la Legislatura para su aprobación, tal como determinó el Consejo Económico Social.Estas obras importantes, consisten en ampliación de redes eléctricas tanto en Río Grande, como en Ushuaia y Tolhuin, potabilización de agua, desarrollo de cloacas, entre otras, detalló la gobernadora.Que aprueben algo, pero que apruebenRespecto de sus expectativas en el tratamiento del proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio, ante las voces de algunos legisladores que dieron a conocer una postura crítica de los cálculos del Ejecutivo, la gobernadora Ríos sostuvo: “Que aprueben algo. Que aprueben lo que parezca, pero que aprueben algo, porque la verdad es que es sumamente difícil gestionar en el año 2009 con un presupuesto reconducido del 2007, de otro proyecto político”. “Es muy difícil y se complica el día a día, como se ha complicado el envío de la remisión de otros poderes”.Sostuvo que desde hace muchos años en la provincia se está gestionando con déficit, y “la pregunta es si ese déficit lo tiene que asumir el Ejecutivo o lo tienen que asumir el resto de los poderes también, porque el resto de los poderes no puede seguir funcionando como si no pasara nada, porque desde el año 2007 no tenemos presupuesto en la provincia”.Dijo que los legisladores “pueden tener todo el desacuerdo que tengan respecto del presupuesto presentado por nosotros, pero que, en cualquier caso, que voten algo”.Recordó que la aprobación de presupuesto es una facultad y una obligación de la Legislatura provincial y si no lo hace, como gobernadora tiene la facultad de reconducir antiguos presupuestos aprobados.En otro orden, Ríos dijo que espera que en la próxima sesión la Legislatura trate y apruebe el proyecto de ley de la nueva tarifaria, o que, en todo caso, sugieran nuevas o mejores ideas, destacando que “los esfuerzos que se hacen para juntar los recursos y cumplir con las obligaciones se diluyen por la falta de tarifaria que nos permite obtener recursos propios”.Consideró que “es una verdadera pena y es una responsabilidad de la Legislatura, porque ya hemos perdido todo el mes de septiembre”.Apelarán el fallo sobre RepasCon relación al reciente pronunciamiento de la justicia provincial que ordena al gobierno provincial al pago del denominado Repas, la gobernadora dijo que hasta el viernes no había sido notificada de manera oficial, aunque adelantó que una vez que conozca los fundamentos del fallo, analizarán si apelarán este pronunciamiento de primera instancia.“Primero quiero conocer los fundamentos del fallo de primera instancia, y después lo apelaremos”, aseguró Ríos, sin decir una sola palabra cuando se le recordó que esta ley había sido aprobada con el apoyo de los propios legisladores del ARI.

Casi 15.500 firmas rechazan el contrato con los chinos

La iniciativa popular impulsada por la Dra. Liliana Fadul logró colectar casi 15.500 firmas rechazando el convenio entre el Gobierno de Fabiana Ríos y la empresa china TFEyQ. Alejandro Bertotto, César Ramón Gasc, Juan Roberto Vera y el abogado Alejandro de la Riva, en su carácter de signatarios del Proyecto de Iniciativa Popular, presentarán hoy a la Legislatura, el pedido de rechazo al Acta Acuerdo del 1 de agosto, referente a la operación de venta de gas proveniente del cobro de regalías impidiendo en consecuencia la extensión del plazo hasta el 30 de este mes para el pago del primer anticipo, requerido por la empresa, debiendo considerarse resuelto el contrato. Avalan el pedido, más de 15.400 vecinos de esta provincia.

Ushuaia.- Alejandro Bertotto, César Ramón Gasc, Juan Roberto Vera y el abogado Alejandro de la Riva, en su carácter de signatarios del Proyecto de Iniciativa Popular (Art. 207 de la Constitución de la Provincia), junto a más de 15.400 vecinos de esta provincia presentarán a la Legislatura el rechazo popular al contrato con los chinos.Los nombrados peticionarán a los legisladores de la provincia, “que el Poder Legislativo provincial dé tratamiento sobre tablas al Proyecto de Iniciativa Popular (P.I.P.), que motiva la presente, en la sesión Ordinaria de esa Legislatura prevista para el 24 de septiembre de 2009”.Aseguran que obra como antecedente al presente el Proyecto de Iniciativa Popular, “aquél motivado en la petición de la ciudadanía fueguina para la derogación de la Ley que creaba la Empresa RE.NA.S.A., Recursos Naturales Sociedad Anónima, en el año 2007”.Recordaron que en aquella oportunidad, el actual titular del parlamento fueguino, legislador Dr. Manuel Raimbault, “era miembro del Bloque del ARI, y fundamentó sólidamente la viabilidad de dar tratamiento al P.I.P. bajo el amparo del art. 207 de la Constitución Provincial”.Agregan que “el mismo legislador, hoy cabeza del Poder Legislativo, se entiende, deberá mantener la coherencia ideológica que en esa oportunidad demostró su partido, propiciando sin más, la habilitación a dar tratamiento sobre tablas en la próxima sesión ordinaria del 24 de septiembre del corriente, al proyecto que hoy presentamos. Que esto debería verse facilitado por el número de legisladores que ostenta el bloque del ARI (6 bancas) y en el entendimiento que la oposición acompañará en consenso esa postura del partido de gobierno”. Explican los peticionantes que “no habiéndose logrado en el año 2007, la aceptación de tratar el P.I.P. en los términos de la carta magna provincial, fue el bloque del ARI, con el apoyo de legisladores del PJ, el que lo tomara como propio y lograra imponer la Voluntad Popular, al finalmente obtenerse los consensos necesarios y sancionarse la derogación de la llamada Ley RENASA”.Si bien admiten que a pesar de estos hechos, “la Legislatura de la provincia aún no ha reglamentado el art. 207 mencionado, habilitándose de esta forma el empleo de la redacción operativa de la norma referida (piso del 10% de los votos efectivamente emitidos en la última elección provincial), para la puesta en marcha de este Instituto Participativo Constitucional”.“Que si, -haciendo un ejercicio intelectual-, revisamos los guarismos obtenidos en el estamento legislativo en las elecciones del año 2007 (ARI 11.222 votos – 6 bancas), veremos que reemplazando proporcionalmente los votos efectivamente emitidos, por las firmas que sustentan el presente P.I.P., este proyecto ocuparía la mayoría de las bancas legislativas, con lo cual la Voluntad Popular aquí expresada, quedaría automáticamente amparada. Más aún, si sumamos a las firmas que aquí se presentan, las obtenidas por los ex empleados de YPF cuyo fin último es asimilable”.Fundamentos de la petición

martes, 15 de septiembre de 2009

Juicio a ex funcionario judicial LA FISCALÍA SOLICITÓ UN AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN EN SUSPENSO

Ayer por la mañana en los Tribunales del ex campamento YPF, se llevó adelante la etapa de alegatos en este juicio contra el Dr. Eduardo Trotti. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 09:30 hs. El fiscal Mayor Guillermo Quadrini solicitó un año y medio de prisión en suspenso para el ex secretario, por el delito de “abuso de autoridad”. Por su parte, el defensor de Trotti, el abogado Juan Ladereche, pidió se absuelva a su defendido.
Río Grande.- Ayer se realizó la etapa de alegatos en el juicio oral y público contra el ex secretario del Juzgado Correccional, el Dr. Eduardo Trotti. El ministerio público Fiscal solicitó una pena de un año y medio de prisión en suspenso y tres de inhabilitación para este abogado, mientras que la defensa pidió la absolución de su representado.
Por su parte, el Dr. Guillermo Quadrini, en representación del Ministerio Público Fiscal expresó que Trotti debía estar supeditado a las órdenes del juez y dejó en estado de indefensión al recluso Helmuth Ojeda Cárdenas, con un accionar abusivo, y que existió un dejo total de preocupación por las normas reglamentadas.
De igual manera, Quadrini expresó durante su alegato que a raíz de esta situación, se desprestigió a la Justicia.
En cuanto al abogado que representa a Trotti, el Dr. Juan Ladereche, indicó que el alegato de la fiscalía, había sido muy bueno respecto a lo teórico, aunque se alejaba de lo que ocurría en la realidad.
Fue así, que Ladereche solicitó al Tribunal de Juicio, la absolución de su defendido.
El veredicto de este juicio podría conocerse el próximo miércoles, mientras que, a partir de las 09:30 hs. de esa misma jornada, están previstas las últimas palabras del imputado.

jueves, 3 de septiembre de 2009

Caso Sofía Herrera “POSEE UN PERFIL PSICÓPATA” DIJO IBARRA CON RELACIÓN A URRUTIA





Tras la resolución del juez Eduardo López, en cuanto al procesamiento y prisión preventiva de Alberto Urrutia, por el delito de “sustracción de menor”, el abogado de los Herrera aseguró que “desde el punto de vista de la querella, estamos convencidos de la autoría de Urrutia del delito de la sustracción, y comparto todos los puntos de vista de la resolución”.

Río Grande.- A unos días de la resolución del juez Eduardo López, respecto al procesamiento y prisión preventiva de Alberto Faustino Urrutia, el abogado de la familia Herrera, el Dr. Francisco Ibarra hizo una valoración del dictamen del juez, y aseguró que “estamos convencidos de la autoría de Urrutia del delito de la sustracción”.
En el mismo sentido, Ibarra explicó que “yo he sido notificado del procesamiento de Urrutia, hemos tenido la posibilidad de leer la resolución y la comparto en todos sus términos. Desde el punto de vista de la querella, estamos convencidos de la autoría de Urrutia del delito de la sustracción, y comparto todos los puntos de vista de la resolución y al menos desde mi punto de vista, es una resolución fundada y se analizan no sólo esta última hipótesis que concluye con el procesamiento de Urrutia sino las distintas hipótesis que se vinieron trabajando a lo largo del proceso”, detalló el abogado querellante.
Preguntado sobre los elementos que se pueden conocer, y que concluyeron en el procesamiento de Urrutia, el abogado dijo que “son muchos los elementos que se tuvieron en cuenta, todos están plasmados en la resolución, yo, resumiendo podría indicar que en el camping había cinco personas adultas y menores, de estas cinco personas, cuatro están perfectamente ubicados en el lugar en que estaban ubicadas en el camping. Cada una de estas personas indican el lugar exacto donde estaban. Urrutia estaba solo en su choza, en su cabaña, pudimos localizar con exactitud el lugar en que quedó Sofía, no tenía contacto visual con el resto, con las otras cuatro personas, con el único que tenia contacto visual, era con la cabaña de este cuidador, del cual estaba a 30 segundos, de distancia alrededor de 60 metros”, señaló Ibarra, al tiempo que agregó que “este elemento más una serie de contradicciones en que este hombre incurrió en su indagatoria, que nosotros pudimos evaluarlo con otros testimonios, o sea contradicciones de tiempo y de hechos, que él manifiesta que ocurrieron y no ocurrieron, sumado al perfil psicológico de esta persona, son elementos suficientes para, en esta primera etapa procesal, poder imputarle el delito a este hombre, y procesarlo por este hecho”, aseguró el abogado de la familia Herrera.

Urrutia posee un perfil “psicópata”

Con relación a este punto, el abogado habló sobre el perfil psicológico de Alberto Urrutia, indicando que “lo que nosotros tenemos informado es que posee un perfil psicópata, no todo psicópata es un delincuente, pero la psicopatía que él tiene, sumado a su falta de angustia, a su disociación, nos permiten utilizar como un elemento más dentro de los elementos que tenemos en la causa”.

“No sabemos que es lo que sucedió con Sofía”

En otro orden, el Dr. Francisco Ibarra fue consultado sobre el estado emocional de los padres de la nena desaparecida hace más de 11 meses, y la manera en que han tomado esta resolución, expresando que “están muy preocupados como consecuencia de este perfil, pero de todas formas ansiosos por saber que es lo que sucedió con Sofía. Hasta aquí, lo que tenemos es la sustracción, es el primer paso, no sabemos que es lo que sucedió con Sofía, y no tenemos ninguna pista respecto de Sofía, por lo tanto estamos ansiosos, como abogado de la familia, de saber que sucedió con ella. Por lo tanto hay una serie de medidas probatorias que esta semana empezamos a trabajar con ellas, al efecto de saber cual fue el destino de Sofía”.
Las medidas judiciales “son relacionadas al camping, a la casilla de este hombre, a las casas que hay en las inmediaciones y al terreno donde están plantadas estas casillas”, dijo Ibarra.
Además, “se solicitó la presencia de geólogos, que estarían prontos a arribar, y una serie de instrumental especifico que ya se ha autorizado y que en cualquier momento tenemos”, indicó Ibarra para concluir.


miércoles, 26 de agosto de 2009

EL PRECIO DEL CLIENTELISMO Y LA DEMAGOGIA



Un informe del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas analiza la evolución del gasto público provincial en las últimas gestiones. El aumento resulta notable a partir de 2008 para la administración central, en detrimento de los organismos descentralizados que perciben porcentajes inferiores; mientras el Poder Judicial, Legislativo, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado mantienen su estructura de gastos con relación al total provincial. El ARI aumentó de 747 millones a 1.000 millones el gasto de personal entre 2007 y 2008 y, de no acordarse más aumentos el proyectado para 2009 se habría elevado a 1.105 millones. El informe concluye que con la actual estructura de gastos las funciones primordiales del Estado, como la producción de bienes públicos en educación, salud, desarrollo social y seguridad, no pueden ser cumplidas.

Río Grande.- El Centro de Investigaciones Sociales y Económicas dio a conocer su primer informe con el análisis del gasto público provincial y su evolución en los últimos años. La organización, que pertenece a la Fundación Despertares, realiza actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento y organización de eventos (congresos, seminarios, publicaciones, concursos, etc.) que tengan incumbencia con la actividad económica dentro de la región Patagónica. Mediante este informe y los que le sucederán, intenta aportar al esclarecimiento de los temas que preocupan a la comunidad.El desbordeCon la premisa de que el gasto público es una de tantas variables que deben tenerse presentes al momento de abordar una determinada política económica gubernamental, el C.I.S.E. analizó la evolución en las últimas cuatro gestiones, a partir de datos oficiales como leyes de presupuesto, datos de la página web de la Dirección de Rentas, de las cuentas de Ejercicio 2007 y 2008, del sistema de Información Pública, de la página web del gobierno de Tierra del Fuego y relevamientos propios.Salvo la gestión del ARI, las tres que los precedieron contaron con sus respectivas leyes de presupuesto aprobadas, tal como dispone la Constitución en su artículo 67, la Ley de Administración Financiera N° 495 y demás normativa reglamentaria, entre las cuales se prevé la posibilidad de reconducción del presupuesto para el próximo ejercicio cuando al 31 de diciembre no haya sido aprobada la nueva Ley. Una alternativa de la que hizo uso y abuso esta gestión.Es así que durante los ejercicios financieros 2008 y 2009 se ejecutó el presupuesto reconducido del año 2007, tras presentar proyectos inviables, que la Legislatura decidió no aprobar:“El proyecto de presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo para el ejercicio 2008 implicaba un incremento del 81% respecto del anterior. Es decir que, si el presupuesto 2007 aprobaba un gasto de $1.432,50 millones de pesos, el proyecto para el 2008 implicaba un gasto de $2.592 millones, incremento que técnicamente es de difícil viabilidad y que no fue aprobado por el Poder Legislativo”, señala el informe.También recuerda los parámetros de incremento que fija la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, basados en el crecimiento del PBI, inflación, etc., “que en ese caso no podía superar con mucho énfasis el 20%, establece límites al endeudamiento en no más del 15% de los Ingresos corrientes y no permite déficit al cierre del Ejercicio entre otras cosas. El hecho de incumplir estas pautas lleva aparejada la imposibilidad de acceder a Programas de Asistencia Financiera”. El cálculo erróneo del proyecto de presupuesto 2008 quedó demostrado en el corto plazo: “La ejecución presupuestaria real del ejercicio 2008 implicó una recaudación de $1.632 millones con cuyos recursos el Gobierno no pudo hacer frente a todas las obligaciones y generó una deuda de aproximadamente $283 millones, déficit que financió básicamente con el dinero del IPAUSS, Municipios y Proveedores del Estado. Esta ejecución demuestra que si sumamos la recaudación y el déficit, estamos hablando de un presupuesto de $1.910 millones y no de $2.592 millones. Incumpliendo además los parámetros de la Ley de responsabilidad fiscal”.El informe subraya que el presupuesto, por definición, es “el plan de gobierno o plataforma electoral traducida en cifras que expresan la política fiscal para recaudar y la forma en que se distribuirán esos ingresos para la producción de bienes públicos que satisfagan las necesidades de la población”, por lo que si de no contar por dos ejercicios con esta herramienta programática y financiera, “cualquier administración pública del mundo estaría a la deriva”. Evolución e involucionesEl Poder Ejecutivo tenía asignado en el año 2000 el 64% del total del gasto y, entre el resto de los Poderes y Organismos de Control gastarían menos de un 8%. Ese mismo año los Organismos Descentralizados en conjunto representaban el 28% del total del gasto presupuestado.La Ley N° 616 –presupuesto 2004- incrementó la relación del gasto del Poder Ejecutivo al 79%, en detrimento de los Organismos Descentralizados que bajaron al 14% del total. Mantuvieron la relación el resto de los Poderes y Organismos de Control, que en suma gastarían menos del 8%.En el ejercicio 2006, la Ley de presupuesto N° 702 establecía un gasto del Poder Ejecutivo que representaba el 72% del total de gasto del año. Ese presupuesto redujo del 4% al 3% el presupuesto histórico del Poder Judicial, manteniendo en el 2% el Poder Legislativo, el 1% el Tribunal de Cuentas y menos del 1% la Fiscalía de Estado.La administración actual debe ser analizada en función de la real ejecución presupuestaria ya que, como fuera dicho, el Ejercicio 2008 no contó con Ley de Presupuesto y tampoco el 2009 tiene presupuesto aprobado.Según se observa en el cuadro N° 2 el Poder Ejecutivo ejecutó el 82% del gasto total provincial, incrementando la participación en 10 puntos respecto de 2006 y 18 puntos respecto del año 2000. Los Poderes Judicial y Legislativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas mantuvieron en conjunto el porcentaje histórico inferior al 8% del total del gasto, y fueron los organismos descentralizados quienes vieron disminuidas sus posibilidades de producir bienes y servicios públicos, dado que su participación en conjunto en el gasto total se detrajo al 11%.El incremento del gasto o uso de recursos por parte del Poder Ejecutivo se relaciona directamente con una disminución del uso de los recursos que generan los organismos descentralizados, que a lo largo de los años han sido desfinanciados, trasladando los recursos al Poder Ejecutivo. El conjunto de organismos descentralizados y Empresas del Estado han disminuido su relación del 28% en 2000 a 11% en 2008.El gasto en personalDurante los años 2000 al 2003 se mantuvo constante la cantidad máxima de personal autorizada por las distintas leyes de presupuesto. La Ley N° 616 (2004) autorizó un pequeño incremento, en 174 plantas, hasta que la ley N° 661 (2005) impulsada por la Administración Colazo, incrementó las plantas en más de 4.000 personas, conocido como el “Megapase”.Evidentemente este incremento brusco de la cantidad de personal no ha sabido ser superado por las diferentes administraciones que lo sucedieron.Comparando el incremento de personal relacionado con el aumento de recaudación, hay que destacar que la Ley Tarifaria corta posibilitó, en detrimento de los sectores productivos de la sociedad (productores de bienes y servicios, comercio, industria, etc.) incrementar los recursos anuales de 2008 en más de 100 millones de pesos. Pero se aplicó una política de ajuste fiscal sin haberla acompañado por un conjunto de medidas económicas y financieras que permitieran equilibrar el gasto público y comenzar el camino del balanceo fiscal.Los gastos en Personal de la Administración Central se incrementaron de $747 millones en 2007 a $1.000 millones en 2008; es decir que sólo la Administración Central “devengó” en 2008 $253 millones más que en 2007, un aumento del 34%. “Puede concluirse que el incremento de impuestos propiciado por la ‘Tarifaria corta’ sirvió para solventar sólo en parte los aumentos de sueldos a los empleados estatales (…) la misma merecería un amplísimo debate con los sectores productivos y motores de la economía, porque cualquier empresario que estuviera en condiciones de mejorar las condiciones laborales de sus empleados pero le incrementan los impuestos para mejorar los sueldos de los empleados estatales, siente al menos que las cargas no están balanceadas. Esta discusión permanente y no resuelta que significa no disponer para un mismo ejercicio financiero de una Ley Impositiva única, puede plantear en los sectores involucrados incertidumbre e inseguridad jurídica”, observa el informe.En cuanto a las proyecciones para este año, si no existieran más aumentos de sueldos públicos hasta fin de 2009, el gasto proyectado total en personal de la Administración Central ya se ha elevado a $1.105 millones, es decir un 10,5% más que en 2008. “Este incremento del gasto en personal no sería cubierto por un incremento de Recursos, ya que el proyectado a fin del año en curso no alcanzaría ese monto de incremento. Y los bienes públicos (educación, salud, desarrollo social, seguridad) que debe producir el Estado, con la actual estructura de gastos, son funciones primordiales que no pueden ser cumplidas. Por lo tanto y por definición, las necesidades de la población no son satisfechas, lo que acelera el espiral del círculo vicioso”, concluye este primer trabajo del C.I.S.E.

lunes, 24 de agosto de 2009

TAREAS DE INTELIGENCIA SOBRE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES



El secretario de Ingresos Públicos Cristian Durrieu dio a conocer que el área a su cargo viene realizando “tareas de inteligencia sobre los grandes contribuyentes”. Aseguró que la lucha contra la evasión permitió equilibrar la recaudación tras la caída de la tarifaria corta. Confió en que la Legislatura apruebe una nueva tarifaria en la sesión del 27 de agosto.

Río Grande.- El titular del área de Ingresos Públicos, Cristian Durrieu, destacó la labor de “inteligencia” sobre los grandes contribuyentes, que permite al gobierno mantener los niveles de recaudación a pesar de la caída de la tarifaria corta. Dio a conocer trabajos especialmente en esta ciudad, en los que se detectaron evasores a quienes se les exige una tributación acorde con la actividad real.En declaraciones a Radio Fundación Austral, se refirió en particular a la ley tarifaria que podría aprobar la Legislatura en la sesión del 27 de agosto, aclarando que “en realidad es un reordenamiento. Es la tarifaria corta remodelada y un ordenamiento general de todas las alícuotas que hay”.Indicó que el proyecto fue presentado el jueves y según informes del Ministro de Economía “hubo muy buena receptividad en la Legislatura, todo parece ser optimista y se aprobaría”.La recaudación en númerosCon la reestructuración de la nueva tarifaria, Durrieu estima recaudar unos 150 millones anuales, de los cuales 90 millones corresponden a impuestos y 60 millones a regalías. “Aproximadamente son 10 ó 12 millones por mes, pero hay que tomarlo con pinzas porque los contribuyentes toman medidas anticipadas, posiblemente haya muchas certificaciones este mes y pocas el mes que viene, pero en dos o tres meses se regularizaría y esa es la proyección que se tiene desde el Ministerio”, sostuvo.Explicó que “los contribuyentes se pueden anticipar y certificar ahora que no está la ley” por lo cual la mayor recaudación “es posible que no se refleje el primer mes pero sí a lo largo de los meses sería ese el guarismo”.Buenos nivelesSobre la recaudación de los últimos meses, informó que en julio llegó a los 25 millones de pesos. “Julio fue atípico porque tuvimos las epidemias, la tormenta y la caída estacional. En los meses anteriores estaba en más 28 millones, 30, 31 millones. En algunos casos fue sorprendentemente buena”, celebró, observando que si se compara con el año anterior ya no estuvo la tarifaria corta y hubo “una disminución de las alícuotas muy importante”. Pero las cifras se mantuvieron por la lucha contra la evasión, según manifestó: “De alguna manera, se dice se cayó la tarifaria corta y la tormenta del mes pasado impidió la actividad en casi todos los rubros, además la epidemia de la gripe porcina restringió muchos rubros, por ejemplo el turismo, pero el nivel de recaudación cayó un 6 ó 7 por ciento, lo cual significa que la Dirección de Rentas está haciendo bien los deberes en el sentido de perseguir la evasión. Si no fuera por esa actividad para recuperar deuda de los evasores, la caída hubiera sido mucho más grande”. A modo de ejemplo, citó las cifras que maneja el comercio, con caídas del 40 por ciento. “La actividad comercial e industrial está ligada directamente al impuesto porque es un porcentaje de esa actividad, y tendría que haber caído un 40 por ciento pero no fue así. Cayó el 40 por ciento por una menor actividad pero se compensó incorporando nuevos deudores que no estaban inscriptos”, dijo.Las tareas de inteligenciaEn el marco de esta lucha contra los evasores, mencionó que en Río Grande se trabajó en “un centro de diversión nocturna muy importante cuyas declaraciones juradas y pago de impuestos estaba muy lejos de la realidad”, y que en general en los casos más optimistas la evasión detectada fue del 30 ó 40 por ciento. “En los casos más pesimistas declaraban ‘sin movimiento’ o con movimiento mínimo y en realidad tenían un movimiento muy grande. Si hay ciudadanos de Río Grande que me escuchan, saben perfectamente adónde han ido las inspecciones porque ha sido público y notorio”, aseveró.Durrieu apuntó que esta labor se focaliza en los “grandes contribuyentes”, como “algunos hoteles muy importantes y los cotos de pesca”.“En una investigación paciente hemos encontrado cosas sorprendentes y tal vez el hilo conductor a los contratos que se realizan en el extranjero”, reveló, señalando que se efectúan “contrataciones de deportistas en el extranjero que escapan a la tributación porque no figuran en ningún lado. Es un lugar donde precisamente había que puntualizar porque vienen acá a pescar, se llevan las riquezas y a la provincia de Tierra del Fuego no le queda nada”.Dio cuenta asimismo de las dificultades para detectar la evasión porque “habría que estar en el lugar para ver cuánta gente fue. Por ahí en un coto dicen que fueron diez y realmente fueron diez, y en otro caso dicen diez y fueron veinticinco”.En función de la evasión dijo que se observa una caída en la tributación “sin prisa y sin pausa”, por lo que “muchas cosas no nos cierran. El problema es que las personas que van a pescar, los deportistas, son extranjeros, entonces se hace la contratación fuera del país, se abona fuera del país y acá no queda rastro, hay que hacer una investigación más compleja pero ya hemos detectado un operador en el extranjero. Si entran a Internet van a ver que hay costos de miles de dólares para pescar unos días y cuando uno ve la tributación, no concuerda”, subrayó.Por otra parte, mencionó la fiscalización de la actividad portuaria “no en el lugar sino de laboratorio, con informaciones de la Aduana. La actividad fiscalizadora de Rentas, además de algunas operaciones interesantes en el campo, está fundamentalmente encaminada a hacer lo que se llama ‘tareas de inteligencia sobre los grandes contribuyentes’ –denominó-. Hemos encontrado falencias importantes y tenemos una empresa de transporte sumamente importante cuya tributación es absolutamente incongruente con el movimiento que tiene”.Inmobiliario ruralFinalmente Durrieu aseguró que hubo avances para modificar el impuesto inmobiliario rural. “Estamos bastante avanzados con el representante del campo. Este es un problema que hay que resolver porque la última ley de catastro que hubo fue cuando era territorio nacional y ese fue el último revalúo. Si toman los valores que se asignaron al campo en el año ’90, hoy no hay moneda para expresarlo, da centavos. Con motivo de eso el impuesto inmobiliario que se paga es una cifra insignificante, estamos en 80 mil pesos por año y esta es una cuestión que hay que corregir. Yo me he reunido con ellos en conversaciones previas, ellos coinciden con la necesidad de actualizar el impuesto, y ahora estamos en la segunda etapa para ver cuánto”.Adelantó que antes de que termine el revalúo la Dirección de Rentas va a establecer un anticipo del impuesto que resulte. Sobre esa base estamos haciendo las cuentas y tenemos como referencia el Pacto Fiscal 1, que establece que la base debería ser el 80 por ciento del valor de venta del campo y la alícuota del 1,1 promedio. No sé si llegaremos a esos valores pero tenemos ahí una referencia”.Aclaró que el impuesto inmobiliario rural “no es un impuesto a la producción sino un impuesto a la propiedad. El hecho de que la tierra sea improductiva o productiva influye muy indirectamente. La jurisprudencia de la Corte dice que el impuesto no puede exceder el 33 por ciento de la renta promedio, pero hasta ahí el fisco puede cobrarlo perfectamente. Si algún propietario de predio rural no lo explota por alguna razón, no hay problema, pero debe abonar el tributo”, sentenció.Durrieu espera que esta gestión avance rápidamente puesto que la gobernadora ya firmó el decreto que coloca bajo su órbita a la Dirección de Catastro, y habría ajustes también en materia de hidrocarburos por los yacimientos off-shore: “Según un fallo reciente en un caso de Mendoza, la Corte dijo que las regalías no son tributos y esto lleva a modificar la atribución de los coeficientes de convenio. No es que las petroleras tendrían que pagar más, sino que, de lo que pagan, tendrían que pagar una porción mayor a la provincia de Tierra del Fuego y menor a otra jurisdicción”, concluyó.