viernes, 28 de agosto de 2009

Apoyo del oficialismo fueguino a la ley que permitirá que las provincias tomen más deudas



El proyecto para dejar en suspenso la Ley de Responsabilidad Fiscal entró ayer al mediodía a la Cámara baja, con el apoyo de 19 diputados de diferentes provincias, entre ellos, la diputada fueguina (Solidaridad e Igualdad) Nélida Belous. Hasta último momento, sin éxito, el oficialismo intentó sumar la firma de algún macrista a esta iniciativa para suspender por dos años los límites de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño para endeudarse.

“Se trata de brindarles a las provincias una herramienta en esta etapa de crisis, para que puedan cumplir con sus compromisos”, argumentó la mendocina Patricia Fadel, autora del proyecto junto a Gustavo Marconato, el titular de la Comisión de Presupuesto, donde la semana próxima comenzará la discusión. Propone dejar sin efecto durante este año y el próximo los artículos que fijan un máximo de deuda pública del 15% en relación con los ingresos corrientes de la provincia, el que prohíbe destinar partidas de gastos de capital para desembolsos corrientes y el que obliga a ejecutar los presupuestos con equilibrio financiero.Las cuentas en rojo en la mayoría de las provincias, con el riesgo de no poder afrontar el pago de salarios, provocó que el gobernador mendocino Celso Yaque buscara consenso entre sus pares para impulsar el pedido. El proyecto incluye las firmas de aliados como la neuquina Alicia Comelli (MPN), el rionegrino Hugo Cuevas (Concertación), la fueguina Nélida Belous (Solidaridad e Igualdad) y el santiagueño Daniel Brue (Frente Cívico), además de otros 12 diputados del Frente para la Victoria de diferentes provincias.“No acompañamos porque el proyecto no fija límites. Y el oficialismo no aceptó que los que cumplen, como Capital Federal, puedan endeudarse sin permiso de la Nación”, argumentó el macrista Esteban Bullrich.

miércoles, 26 de agosto de 2009

EL PRECIO DEL CLIENTELISMO Y LA DEMAGOGIA



Un informe del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas analiza la evolución del gasto público provincial en las últimas gestiones. El aumento resulta notable a partir de 2008 para la administración central, en detrimento de los organismos descentralizados que perciben porcentajes inferiores; mientras el Poder Judicial, Legislativo, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado mantienen su estructura de gastos con relación al total provincial. El ARI aumentó de 747 millones a 1.000 millones el gasto de personal entre 2007 y 2008 y, de no acordarse más aumentos el proyectado para 2009 se habría elevado a 1.105 millones. El informe concluye que con la actual estructura de gastos las funciones primordiales del Estado, como la producción de bienes públicos en educación, salud, desarrollo social y seguridad, no pueden ser cumplidas.

Río Grande.- El Centro de Investigaciones Sociales y Económicas dio a conocer su primer informe con el análisis del gasto público provincial y su evolución en los últimos años. La organización, que pertenece a la Fundación Despertares, realiza actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento y organización de eventos (congresos, seminarios, publicaciones, concursos, etc.) que tengan incumbencia con la actividad económica dentro de la región Patagónica. Mediante este informe y los que le sucederán, intenta aportar al esclarecimiento de los temas que preocupan a la comunidad.El desbordeCon la premisa de que el gasto público es una de tantas variables que deben tenerse presentes al momento de abordar una determinada política económica gubernamental, el C.I.S.E. analizó la evolución en las últimas cuatro gestiones, a partir de datos oficiales como leyes de presupuesto, datos de la página web de la Dirección de Rentas, de las cuentas de Ejercicio 2007 y 2008, del sistema de Información Pública, de la página web del gobierno de Tierra del Fuego y relevamientos propios.Salvo la gestión del ARI, las tres que los precedieron contaron con sus respectivas leyes de presupuesto aprobadas, tal como dispone la Constitución en su artículo 67, la Ley de Administración Financiera N° 495 y demás normativa reglamentaria, entre las cuales se prevé la posibilidad de reconducción del presupuesto para el próximo ejercicio cuando al 31 de diciembre no haya sido aprobada la nueva Ley. Una alternativa de la que hizo uso y abuso esta gestión.Es así que durante los ejercicios financieros 2008 y 2009 se ejecutó el presupuesto reconducido del año 2007, tras presentar proyectos inviables, que la Legislatura decidió no aprobar:“El proyecto de presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo para el ejercicio 2008 implicaba un incremento del 81% respecto del anterior. Es decir que, si el presupuesto 2007 aprobaba un gasto de $1.432,50 millones de pesos, el proyecto para el 2008 implicaba un gasto de $2.592 millones, incremento que técnicamente es de difícil viabilidad y que no fue aprobado por el Poder Legislativo”, señala el informe.También recuerda los parámetros de incremento que fija la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, basados en el crecimiento del PBI, inflación, etc., “que en ese caso no podía superar con mucho énfasis el 20%, establece límites al endeudamiento en no más del 15% de los Ingresos corrientes y no permite déficit al cierre del Ejercicio entre otras cosas. El hecho de incumplir estas pautas lleva aparejada la imposibilidad de acceder a Programas de Asistencia Financiera”. El cálculo erróneo del proyecto de presupuesto 2008 quedó demostrado en el corto plazo: “La ejecución presupuestaria real del ejercicio 2008 implicó una recaudación de $1.632 millones con cuyos recursos el Gobierno no pudo hacer frente a todas las obligaciones y generó una deuda de aproximadamente $283 millones, déficit que financió básicamente con el dinero del IPAUSS, Municipios y Proveedores del Estado. Esta ejecución demuestra que si sumamos la recaudación y el déficit, estamos hablando de un presupuesto de $1.910 millones y no de $2.592 millones. Incumpliendo además los parámetros de la Ley de responsabilidad fiscal”.El informe subraya que el presupuesto, por definición, es “el plan de gobierno o plataforma electoral traducida en cifras que expresan la política fiscal para recaudar y la forma en que se distribuirán esos ingresos para la producción de bienes públicos que satisfagan las necesidades de la población”, por lo que si de no contar por dos ejercicios con esta herramienta programática y financiera, “cualquier administración pública del mundo estaría a la deriva”. Evolución e involucionesEl Poder Ejecutivo tenía asignado en el año 2000 el 64% del total del gasto y, entre el resto de los Poderes y Organismos de Control gastarían menos de un 8%. Ese mismo año los Organismos Descentralizados en conjunto representaban el 28% del total del gasto presupuestado.La Ley N° 616 –presupuesto 2004- incrementó la relación del gasto del Poder Ejecutivo al 79%, en detrimento de los Organismos Descentralizados que bajaron al 14% del total. Mantuvieron la relación el resto de los Poderes y Organismos de Control, que en suma gastarían menos del 8%.En el ejercicio 2006, la Ley de presupuesto N° 702 establecía un gasto del Poder Ejecutivo que representaba el 72% del total de gasto del año. Ese presupuesto redujo del 4% al 3% el presupuesto histórico del Poder Judicial, manteniendo en el 2% el Poder Legislativo, el 1% el Tribunal de Cuentas y menos del 1% la Fiscalía de Estado.La administración actual debe ser analizada en función de la real ejecución presupuestaria ya que, como fuera dicho, el Ejercicio 2008 no contó con Ley de Presupuesto y tampoco el 2009 tiene presupuesto aprobado.Según se observa en el cuadro N° 2 el Poder Ejecutivo ejecutó el 82% del gasto total provincial, incrementando la participación en 10 puntos respecto de 2006 y 18 puntos respecto del año 2000. Los Poderes Judicial y Legislativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas mantuvieron en conjunto el porcentaje histórico inferior al 8% del total del gasto, y fueron los organismos descentralizados quienes vieron disminuidas sus posibilidades de producir bienes y servicios públicos, dado que su participación en conjunto en el gasto total se detrajo al 11%.El incremento del gasto o uso de recursos por parte del Poder Ejecutivo se relaciona directamente con una disminución del uso de los recursos que generan los organismos descentralizados, que a lo largo de los años han sido desfinanciados, trasladando los recursos al Poder Ejecutivo. El conjunto de organismos descentralizados y Empresas del Estado han disminuido su relación del 28% en 2000 a 11% en 2008.El gasto en personalDurante los años 2000 al 2003 se mantuvo constante la cantidad máxima de personal autorizada por las distintas leyes de presupuesto. La Ley N° 616 (2004) autorizó un pequeño incremento, en 174 plantas, hasta que la ley N° 661 (2005) impulsada por la Administración Colazo, incrementó las plantas en más de 4.000 personas, conocido como el “Megapase”.Evidentemente este incremento brusco de la cantidad de personal no ha sabido ser superado por las diferentes administraciones que lo sucedieron.Comparando el incremento de personal relacionado con el aumento de recaudación, hay que destacar que la Ley Tarifaria corta posibilitó, en detrimento de los sectores productivos de la sociedad (productores de bienes y servicios, comercio, industria, etc.) incrementar los recursos anuales de 2008 en más de 100 millones de pesos. Pero se aplicó una política de ajuste fiscal sin haberla acompañado por un conjunto de medidas económicas y financieras que permitieran equilibrar el gasto público y comenzar el camino del balanceo fiscal.Los gastos en Personal de la Administración Central se incrementaron de $747 millones en 2007 a $1.000 millones en 2008; es decir que sólo la Administración Central “devengó” en 2008 $253 millones más que en 2007, un aumento del 34%. “Puede concluirse que el incremento de impuestos propiciado por la ‘Tarifaria corta’ sirvió para solventar sólo en parte los aumentos de sueldos a los empleados estatales (…) la misma merecería un amplísimo debate con los sectores productivos y motores de la economía, porque cualquier empresario que estuviera en condiciones de mejorar las condiciones laborales de sus empleados pero le incrementan los impuestos para mejorar los sueldos de los empleados estatales, siente al menos que las cargas no están balanceadas. Esta discusión permanente y no resuelta que significa no disponer para un mismo ejercicio financiero de una Ley Impositiva única, puede plantear en los sectores involucrados incertidumbre e inseguridad jurídica”, observa el informe.En cuanto a las proyecciones para este año, si no existieran más aumentos de sueldos públicos hasta fin de 2009, el gasto proyectado total en personal de la Administración Central ya se ha elevado a $1.105 millones, es decir un 10,5% más que en 2008. “Este incremento del gasto en personal no sería cubierto por un incremento de Recursos, ya que el proyectado a fin del año en curso no alcanzaría ese monto de incremento. Y los bienes públicos (educación, salud, desarrollo social, seguridad) que debe producir el Estado, con la actual estructura de gastos, son funciones primordiales que no pueden ser cumplidas. Por lo tanto y por definición, las necesidades de la población no son satisfechas, lo que acelera el espiral del círculo vicioso”, concluye este primer trabajo del C.I.S.E.

martes, 25 de agosto de 2009

ATE TDF ADHIERE A PARO NACIONAL



La Asociación Trabajadores del Estado confirmó la adhesión al paro por 24 horas dispuesto para este martes por ATE nacional “en el marco de un reclamo por más coparticipación a las provincias y municipios de la recaudación impositiva del País, la incorporación a los trabajadores provinciales y municipales en la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la creación de un Fondo Federal del Salario”. La medida incluye una movilización a partir de las 11 horas, que iniciará en el Hospital Regional Ushuaia.

Desde la seccional provincial se informó que la medida apunta a “poner como prioridades la lucha por el salario, el fin del trabajo en negro, el pase a planta permanente de todos los trabajadores estatales que realizan tareas precarizadas, los convenios colectivos de trabajo y la equiparación de las asignaciones familiares así como la conservación de la obra social y la caja jubilatoria”.“En el paro ponemos en discusión la distribución de la coparticipación federal ya que sólo el 25% de estos recursos que recauda el Estado nacional vuelve a las provincias, el otro 75% queda en el estado para el disciplinamiento político”, cuestionaron. Por ello, convocaron a los trabajadores a una movilización que se llevará a cabo a las 11 horas, dando inicio en el Hospital Regional Ushuaia

lunes, 24 de agosto de 2009

TAREAS DE INTELIGENCIA SOBRE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES



El secretario de Ingresos Públicos Cristian Durrieu dio a conocer que el área a su cargo viene realizando “tareas de inteligencia sobre los grandes contribuyentes”. Aseguró que la lucha contra la evasión permitió equilibrar la recaudación tras la caída de la tarifaria corta. Confió en que la Legislatura apruebe una nueva tarifaria en la sesión del 27 de agosto.

Río Grande.- El titular del área de Ingresos Públicos, Cristian Durrieu, destacó la labor de “inteligencia” sobre los grandes contribuyentes, que permite al gobierno mantener los niveles de recaudación a pesar de la caída de la tarifaria corta. Dio a conocer trabajos especialmente en esta ciudad, en los que se detectaron evasores a quienes se les exige una tributación acorde con la actividad real.En declaraciones a Radio Fundación Austral, se refirió en particular a la ley tarifaria que podría aprobar la Legislatura en la sesión del 27 de agosto, aclarando que “en realidad es un reordenamiento. Es la tarifaria corta remodelada y un ordenamiento general de todas las alícuotas que hay”.Indicó que el proyecto fue presentado el jueves y según informes del Ministro de Economía “hubo muy buena receptividad en la Legislatura, todo parece ser optimista y se aprobaría”.La recaudación en númerosCon la reestructuración de la nueva tarifaria, Durrieu estima recaudar unos 150 millones anuales, de los cuales 90 millones corresponden a impuestos y 60 millones a regalías. “Aproximadamente son 10 ó 12 millones por mes, pero hay que tomarlo con pinzas porque los contribuyentes toman medidas anticipadas, posiblemente haya muchas certificaciones este mes y pocas el mes que viene, pero en dos o tres meses se regularizaría y esa es la proyección que se tiene desde el Ministerio”, sostuvo.Explicó que “los contribuyentes se pueden anticipar y certificar ahora que no está la ley” por lo cual la mayor recaudación “es posible que no se refleje el primer mes pero sí a lo largo de los meses sería ese el guarismo”.Buenos nivelesSobre la recaudación de los últimos meses, informó que en julio llegó a los 25 millones de pesos. “Julio fue atípico porque tuvimos las epidemias, la tormenta y la caída estacional. En los meses anteriores estaba en más 28 millones, 30, 31 millones. En algunos casos fue sorprendentemente buena”, celebró, observando que si se compara con el año anterior ya no estuvo la tarifaria corta y hubo “una disminución de las alícuotas muy importante”. Pero las cifras se mantuvieron por la lucha contra la evasión, según manifestó: “De alguna manera, se dice se cayó la tarifaria corta y la tormenta del mes pasado impidió la actividad en casi todos los rubros, además la epidemia de la gripe porcina restringió muchos rubros, por ejemplo el turismo, pero el nivel de recaudación cayó un 6 ó 7 por ciento, lo cual significa que la Dirección de Rentas está haciendo bien los deberes en el sentido de perseguir la evasión. Si no fuera por esa actividad para recuperar deuda de los evasores, la caída hubiera sido mucho más grande”. A modo de ejemplo, citó las cifras que maneja el comercio, con caídas del 40 por ciento. “La actividad comercial e industrial está ligada directamente al impuesto porque es un porcentaje de esa actividad, y tendría que haber caído un 40 por ciento pero no fue así. Cayó el 40 por ciento por una menor actividad pero se compensó incorporando nuevos deudores que no estaban inscriptos”, dijo.Las tareas de inteligenciaEn el marco de esta lucha contra los evasores, mencionó que en Río Grande se trabajó en “un centro de diversión nocturna muy importante cuyas declaraciones juradas y pago de impuestos estaba muy lejos de la realidad”, y que en general en los casos más optimistas la evasión detectada fue del 30 ó 40 por ciento. “En los casos más pesimistas declaraban ‘sin movimiento’ o con movimiento mínimo y en realidad tenían un movimiento muy grande. Si hay ciudadanos de Río Grande que me escuchan, saben perfectamente adónde han ido las inspecciones porque ha sido público y notorio”, aseveró.Durrieu apuntó que esta labor se focaliza en los “grandes contribuyentes”, como “algunos hoteles muy importantes y los cotos de pesca”.“En una investigación paciente hemos encontrado cosas sorprendentes y tal vez el hilo conductor a los contratos que se realizan en el extranjero”, reveló, señalando que se efectúan “contrataciones de deportistas en el extranjero que escapan a la tributación porque no figuran en ningún lado. Es un lugar donde precisamente había que puntualizar porque vienen acá a pescar, se llevan las riquezas y a la provincia de Tierra del Fuego no le queda nada”.Dio cuenta asimismo de las dificultades para detectar la evasión porque “habría que estar en el lugar para ver cuánta gente fue. Por ahí en un coto dicen que fueron diez y realmente fueron diez, y en otro caso dicen diez y fueron veinticinco”.En función de la evasión dijo que se observa una caída en la tributación “sin prisa y sin pausa”, por lo que “muchas cosas no nos cierran. El problema es que las personas que van a pescar, los deportistas, son extranjeros, entonces se hace la contratación fuera del país, se abona fuera del país y acá no queda rastro, hay que hacer una investigación más compleja pero ya hemos detectado un operador en el extranjero. Si entran a Internet van a ver que hay costos de miles de dólares para pescar unos días y cuando uno ve la tributación, no concuerda”, subrayó.Por otra parte, mencionó la fiscalización de la actividad portuaria “no en el lugar sino de laboratorio, con informaciones de la Aduana. La actividad fiscalizadora de Rentas, además de algunas operaciones interesantes en el campo, está fundamentalmente encaminada a hacer lo que se llama ‘tareas de inteligencia sobre los grandes contribuyentes’ –denominó-. Hemos encontrado falencias importantes y tenemos una empresa de transporte sumamente importante cuya tributación es absolutamente incongruente con el movimiento que tiene”.Inmobiliario ruralFinalmente Durrieu aseguró que hubo avances para modificar el impuesto inmobiliario rural. “Estamos bastante avanzados con el representante del campo. Este es un problema que hay que resolver porque la última ley de catastro que hubo fue cuando era territorio nacional y ese fue el último revalúo. Si toman los valores que se asignaron al campo en el año ’90, hoy no hay moneda para expresarlo, da centavos. Con motivo de eso el impuesto inmobiliario que se paga es una cifra insignificante, estamos en 80 mil pesos por año y esta es una cuestión que hay que corregir. Yo me he reunido con ellos en conversaciones previas, ellos coinciden con la necesidad de actualizar el impuesto, y ahora estamos en la segunda etapa para ver cuánto”.Adelantó que antes de que termine el revalúo la Dirección de Rentas va a establecer un anticipo del impuesto que resulte. Sobre esa base estamos haciendo las cuentas y tenemos como referencia el Pacto Fiscal 1, que establece que la base debería ser el 80 por ciento del valor de venta del campo y la alícuota del 1,1 promedio. No sé si llegaremos a esos valores pero tenemos ahí una referencia”.Aclaró que el impuesto inmobiliario rural “no es un impuesto a la producción sino un impuesto a la propiedad. El hecho de que la tierra sea improductiva o productiva influye muy indirectamente. La jurisprudencia de la Corte dice que el impuesto no puede exceder el 33 por ciento de la renta promedio, pero hasta ahí el fisco puede cobrarlo perfectamente. Si algún propietario de predio rural no lo explota por alguna razón, no hay problema, pero debe abonar el tributo”, sentenció.Durrieu espera que esta gestión avance rápidamente puesto que la gobernadora ya firmó el decreto que coloca bajo su órbita a la Dirección de Catastro, y habría ajustes también en materia de hidrocarburos por los yacimientos off-shore: “Según un fallo reciente en un caso de Mendoza, la Corte dijo que las regalías no son tributos y esto lleva a modificar la atribución de los coeficientes de convenio. No es que las petroleras tendrían que pagar más, sino que, de lo que pagan, tendrían que pagar una porción mayor a la provincia de Tierra del Fuego y menor a otra jurisdicción”, concluyó.

LILIANA FADUL CRITICO EL VOTO DEL ARI RESPECTO A LOS SUPERPODERES EN NACION



La diputada electa Liliana Fadul cuestionó la delegación de facultades a la Presidencia y aseguró que hubiese votado en contra, de estar en funciones. Aludió a los legisladores del ARI que acompañaron al Frente para la Victoria y se manifestó en contra tanto de los superpoderes a nivel nacional como los que tiene por ley la gobernadora, con la ley de presupuesto reconducida.

Río Grande.- La diputada Liliana Fadul calificó como “horrible” la votación mayoritaria a favor de la delegación de facultades legislativas. “La verdad que delegar o dar superpoderes más allá de lo legal me parece inconveniente políticamente. Cada poder debe hacer lo que tiene que hacer. Por supuesto yo hubiese votado en contra, sin ninguna duda”, enfatizó.A diferencia de los legisladores del ARI, sostuvo que “en mi vida tuve siempre la misma posición. Cada poder debe hacer lo que corresponde y cada uno tiene que hacer en su lugar institucional lo que corresponde. Si cada uno hiciera lo que tiene que hacer, el federalismo no sería solamente una hermosa palabra vacía de contenido”, consideró.Sobre la votación de los aristas, indicó que “los senadores nacionales acompañan al FPV en una votación que para el federalismo es importantísima” y, a pesar del resultado electoral, observó que “tanto cambio no avizoro porque he visto cómo un diputado oficialista se abstuvo en determinada votación, cómo los senadores votaron con el FPV algunas cosas. Yo la verdad deseo para este gobierno y para cualquiera, lo mejor, pero también le pido a la gobernadora, y se lo he dicho personalmente muchas veces, que tiene que cambiar el rumbo, que tiene que dar gestos políticos, que debe reducir la planta política de su gobierno. Le he dicho que el convenio con los chinos era inconveniente, que tome postura, que realmente está a tiempo porque todavía no se ha percibido lo que hubo que haber percibido hace muchos meses. Hasta el momento en ese sentido no avizoro cambios, espero que los haya”, reclamó.A propósito del convenio chino, confió en que la Legislatura “se ponga a la altura de las circunstancias y por supuesto no lo ratifique. Que piense que llega hasta el año 2035 la venta del gas natural a un dólar con ochenta, siempre al mismo precio inicial. Ahora se tiene que importar el gas a seis o siete dólares y ya el precio del gas en boca de pozo es de más de dos dólares. Me parece que la Legislatura tiene que actuar en consecuencia”, concluyó.

domingo, 23 de agosto de 2009

LEY QUE PERJUDICA AL PRO



La posible sanción de la ley que otorga beneficios impositivos a la industria fueguina, y eleva a su vez los impuestos a los artículos electrónicos que se elaboren fuera de la isla, echaría por tierra un proyecto del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que pretendía instalar un Distrito Tecnológico en el barrio de Parque Patricios, con incentivos para las empresas que allí se instalaran.
De acuerdo al sitio www.parlamentario.com, por «ingenuidad o imprevisión el 16 de abril, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, acompañado por la entonces vicejefa, Gabriela Michetti y el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, anunció la creación de un Distrito Tecnológico en el barrio de Parque Patricios. Según informó el titular del Ejecutivo en esa oportunidad, abarcaría 200 hectáreas del mencionado barrio como también el de Pompeya. En ese Polo Industrial se preveía la creación de 20 mil empleos en cuatro años y para alcanzar esa meta el macrismo fomentaría la radicación de empresas de tecnologías de la información y comunicación, software y profesionales, mediante rebajas impositivas.Macri estimaba que el distrito estaría funcionando a pleno en un plazo de 12 años, a través de una inversión 400 millones de dólares; mitad de los cuales serían aportados por el sector privado. El ex presidente de Boca Jrs. hizo el anuncio del lanzamiento del Polo Tecnológico el 16 de abril de 2009, sin embargo el proyecto del Gobierno nacional ingresó a la Cámara baja el 8 de abril de este mismo año.

viernes, 21 de agosto de 2009

FOMENTO DEL EMPLEO




Se inauguró oficialmente el Centro Municipal de Capacitación Laboral
Fue en una ceremonia donde además se firmó el convenio con la Secretaría de Empleo de la Nación para iniciar el Plan Joven para Más y Mejor Trabajo, cuyo fin es que jóvenes de entre 18 y 24 años culminen sus estudios secundarios y se capaciten laboralmente. Asimismo, representó el lanzamiento del programa de Empleo Local que, como primera acción, se encuentra capacitando en montaje a unos 300 desempleados.

RIO GRANDE.- El Municipio de Río Grande y la Nación, representada en este caso por la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, dejaron inauguradas las instalaciones del Centro de Capacitación Laboral de la ciudad, ubicado en Avda. San Martín 619.El intendente Jorge Martín, al brindar las palabras alusivas, dijo que «lo más importante es poder ver que el trabajo que se viene haciendo desde hace unos años, por parte de la Secretaría de la Producción, ha rendido frutos».El Jefe comunal encabezó la ceremonia junto al secretario de Empleo de la Nación, licenciado Enrique Deibe y la diputada nacional Rosana Bertone.El evento contó con una importante cantidad de público, entre los que estuvieron miembros del Poder Judicial de la provincia; convencionales constituyentes (mc); concejales; integrantes del Tribunal de Cuentas municipal; miembros del Gabinete municipal; miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad; autoridades eclesiásticas; representantes consulares; integrantes de las cámaras de la industria y del comercio; la UIF; AFARTE; CAFIN; Instituto del Gas y del Petróleo; Cámara Fueguina de la Construcción; Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande; Cámara de Empresarios Fueguinos de Autotransporte de Cargas; representantes de empresas locales, gerentes de establecimientos fabriles y responsables de personal; sindicatos, representantes de asociaciones intermedias, entre otros.Cabe destacar la presencia del Dr. Mauricio Blacher, vicepresidente del Grupo Mirgor, quien llegó a la ciudad en representación de ese holding y del subcoordinador nacional del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Maximiliano Vicente.Martín recordó que después de la crisis de 2001 y 2002, «no nos quedamos en ver qué podíamos hacer, ya que no teníamos plata ni nada. Pero tenemos ideas y vocación, y así creamos la Secretaría de la Producción; después había que crear este Centro de Capacitación. Ello fue posible gracias a la unión de todos los esfuerzos que se hacen en la ciudad, porque veíamos a todos, en forma individual, tratando de apostarle a nuestra ciudad, de que esta ciudad nos dé algo; y hoy, al ver a la Cámara de Comercio, la industria, los sindicatos, los representantes de todos los sectores, realmente es una satisfacción enorme».Agregó, en este sentido, que «todos nos dimos cuenta de la necesidad que tiene esta ciudad, no nos quedamos con los brazos cruzados para ver pasar la crisis, sino que pudimos anteponer los intereses colectivos por sobre los individuales y juntos lograr que este centro sea una realidad para capacitar gente, especialmente a los más jóvenes».Plan Joven para Más y Mejor TrabajoEl intendente Martín agradeció a todas las empresas y personas que hicieron esto posible, al Ministerio de Trabajo de la Nación, a la empresa Mirgor que capacitará a 300 personas en una primera etapa; a la Cámara de Comercio que dispuso este local merced a un convenio, a la diputada Rosana Bertone, «a los concejales que dejaron de lado cualquier distinción política y se pusieron al lado de un proyecto para todos los vecinos». Deibe afirmó que, «estamos con más de 60.000 jóvenes participando del programa a lo largo del país y la expectativa para fines de 2009 es de 100.000»; por eso todos aquellos jóvenes que cumplan con los requisitos y quieran participar pueden hacerlo . Esta nueva herramienta es muy importante para Río Grande ya que sirve para encauzar a los jóvenes en la educación y el trabajo, aquí empezaremos con 1.000 jóvenes este año».En el acto inaugural se firmaron sendos acuerdos, uno entre el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de la Producción, y la empresa Mirgor, mediante el cual capacitarán a 300 personas en montaje.El otro acuerdo fue rubricado entre el intendente Jorge Martín y el secretario Enrique Deibe mediante el cual se convino desarrollar en conjunto el «Plan Joven para Más y Mejor Trabajo» que busca que los jóvenes entre 18 y 24 años que hayan abandonados los estudios secundarios y estén desocupados, accedan a la terminalidad educativa, se capaciten laboralmente, puedan realizar prácticas calificantes en empresas de la ciudad. La capacitación como ejeA través de éste centro se impulsará la capacitación, reconversión y recalificación laboral, porque son consideradas herramientas fundamentales para lograr más y mejor trabajo para la comunidad. En los últimos años se han venido desarrollando diferentes actividades de capacitación laboral respondiendo a demandas puntuales de diferentes empresas. Como resultado de estas acciones se ha logrado la inserción laboral de muchas de las personas asistentes a los cursos. La concreción del Centro Municipal de Capacitación Laboral, reafirma y fortalece la capacitación como instrumento de la política de empleo local. Un signo de los acuerdos entre el sector público y el sector privado en favor de la mano de obra local es el compromiso celebrado por el Municipio y la Cámara de Comercio de Río Grande para poder desarrollar este centro de capacitación en instalaciones de la entidad.