= La cuarta sesión ordinaria fue el detonante = Iniciativa popular: se profundiza el malestar y pedirían revocatorias

Las excusas de la mayoría legislativa para dilatar el tratamiento del proyecto de iniciativa popular tuvieron consecuencias en lo inmediato y se avecinan otras en el mediano plazo. Los ciudadanos se volcaron a firmar y seguirán ingresando adhesiones al Juzgado, donde fue derivada la documentación. Hoy se van a presentar 4.500 firmas más recolectadas en Río Grande este fin de semana, con lo que se superan las 20 mil para derogar el contrato. Además, el malestar popular anticipa otras medidas: la revocatoria de mandatos que sólo es posible cumplidos los dos primeros años.

Río Grande.- Los legisladores que se negaron a tratar la iniciativa popular y derivaron la documentación al Juzgado, avivaron el malestar preexistente y, a partir de enero, comenzaría la actividad para la revocatoria de mandatos.Fue el anticipo dado este viernes por Alejandro Bertotto a Radio Uno, como transmisor de la indignación generalizada que no lograron menguar ni las excusas del oficialismo, ni las de la oposición, en este caso con responsabilidad compartida.La diputada electa Liliana Fadul señaló a FM del Sur que la situación fue “muy clara”, mientras las sospechas de intereses económicos también van tomando cuerpo. “Los legisladores salvo uno –Gabriel Pluis-, no quisieron tratar el asunto 199, que era el que nos convocaba fundamentalmente y era objeto de la iniciativa popular. Si hubiese habido voluntad política de los legisladores para tratar lo que miles y miles de personas pedimos, se hubiese podido hacer tranquilamente sobre tablas, porque había un asunto, el 199, yo tenía en mis manos una fotocopia y no había dudas”, señaló Fadul, en respuesta de las voces de la Cámara que se apuraron a aclarar que no había tomado estado parlamentario la iniciativa que había recogido más de 15 mil firmas.“Si el artículo 207 –referido a la iniciativa popular- no está reglamentado, pese a que han pasado unos cuantos años, entonces ahora, según lo que explicó en la sesión (Manuel) Raimbault, van a aplicar la ley nacional. Todo esto lleva un trámite que no es corto. Como ya estaba el asunto, la gente que estábamos en el público le pedimos al legislador Pluis que haga propio el proyecto y tratarlo ahí sin ningún otro trámite más. Los legisladores lo que tenían que hacer era tomar postura, a ver si se le daba o no prórroga a la empresa conocida como ‘empresa china’, para integrar el primer pago. Lo de iniciativa popular claro que es muy importante, pero estaba el asunto 199 y solamente con haberlo votado ya estaba cumplido lo que miles y miles de personas pedían. La gente pedía que se rechazara el asunto 199 y eso se podía hacer perfectamente como lo pidió el legislador Pluis”, remarcó la diputada electa.Siguiendo la secuencia de la jornada, y tras fracasar el intento de tratar sobre tablas el proyecto de particulares ingresado como iniciativa popular, el radical Pluis requirió el debate sobre el Asunto 199 que había sido elevado por el Ejecutivo más de un mes atrás. “Lamentablemente se quedó votando solo”, dijo Fadul, observando que la próxima sesión se hará recién el 29 de octubre.Sumando firmasConsultada sobre lo que va a ocurrir con las firmas, la diputada electa dio cuenta de la cantidad que se sigue sumando, con más vigor a partir del comportamiento de la mayoría legislativa. “Ya hay más de 15.500 firmas porque volvimos a hacer otra presentación, y las firmas se seguirán recolectando. Salimos de la sesión y dijimos que seguimos juntando firmas, porque no es que terminamos la sesión y nos olvidamos del asunto. Esto es algo que va a trascender a varios gobiernos, porque nos compromete a vender nuestro gas natural a un precio determinado hasta el año 2035. Tenemos que concientizarnos de que es importantísimo para nuestro futuro y el de muchos más y me parece un tema central”, enfatizó.Aseguró que se van a seguir presentando “muchísimas firmas” y que en estos días “mi teléfono y el de varios que estamos luchando por este tema están llenos de mensajes de texto diciendo que no aflojemos, que sigamos adelante. La cosa continúa y va a continuar por supuesto con todo el respeto que las instituciones se merecen”, ratificó.Agregó que las firmas se van a seguir presentando “para que los legisladores y la gobernadora entiendan cuál es la postura mayoritaria de los habitantes, que es lo que deben respetar. Cuando me toque a partir del 10 de diciembre sentarme en una banca, por supuesto que tengo que ir tomando el termómetro de lo que mayoritariamente la gente de la provincia quiere, por supuesto manteniendo los principios, pero uno representa gente. Por eso las firmas se van a seguir recolectando, para que entiendan qué es lo que el pueblo de Tierra del Fuego dice que debe hacerse con esta situación”, reiteró.Motivos no tan ocultosPor último Fadul dejó en el aire varias preguntas que las explicaciones de los legisladores no llegan a satisfacer: “¿Cuál fue el motivo por el que un solo legislador provincial quiso tratar el asunto que legalmente podía ser tratado? Miles de ciudadanos queremos una explicación. ¿Qué es lo que piensan hacer? Quisiera saber por qué, teniendo todos los elementos desde el día 27 de agosto, donde la gobernadora misma pedía que se ratificara el acta acuerdo, hubo tiempo suficiente para que el asunto se resuelva en la comisión 1, y no se resolvió. Con los dos tercios tranquilamente se podía habilitar el debate. ¿Cuánto vamos a esperar para que esto se defina?”, volvió a requerir.Por su parte Alejandro Bertotto, integrante del PFF e involucrado en la campaña de recolección de firmas junto con organizaciones intermedias de la provincia, adelantó que el malestar es tal que en enero próximo, cuando se cumplan los dos años que fija la normativa, habrá otra juntada de firmas: esta vez, para la revocatoria de mandatos.

PROPONEN INICIAR UN PLAN DE LUCHA - SUTEF ya analiza el pedido de un «aumento de emergencia» para el sector

RIO GRANDE.- El congreso provincial de delegados docentes desarrollado el miércoles pasado en la comuna de Tolhuin resolvió la proyección de un plan de lucha del sector, que incluirá en el análisis el pedido de un «aumento de emergencia» para los trabajadores de la educación.Susana Molayoli, secretaria General de la seccional local de SUTEF, informó que durante el debate se analizó un plan de lucha y se proyectó un nuevo encuentro. «En principio se evaluó la necesidad de hacer circular la información, para que los compañeros en las asambleas escolares puedan prepararse para el congreso del 5 de octubre. Ese congreso tendrá como eje de discusión un plan de lucha», señaló.Molayoli explicó que se impone la necesidad de «un aumento de emergencia para los trabajadores de la educación» y mencionó que también se resolvió conformar «comisiones de trabajo de análisis y formación, en ejes que tienen que ver con el presupuesto, la coparticipación y el cobro de las regalías». En este sentido advirtió que resolvieron la necesidad de realizar «un reclamo en el ámbito judicial por las regalías mal liquidadas».Además, los dirigentes votaron exigir el reinicio de forma inmediata de las paritarias en la provincia y, para los representantes del sindicato a la CTERA, se resolvió «llevar como mandato a la paritaria nacional la exigencia de un básico unificado en todo el país de 1.540 pesos, que se incorpore el monto del FONID al básico porque se está pagando en negro y el reconocimiento de la zona para todas las provincias patagónicas y la de Formosa»; entre otras cuestiones.Molayoli dijo que, ante el retraso en la discusión de las leyes provinciales de educación en diferentes provincias, entre ellas Tierra del Fuego, se decidió advertir sobre la necesidad de frenar las modificaciones que se están generando a nivel nacional respecto de la currícula.Otro punto de debate en el congreso de delegados fue la situación del IPAUSS, porque también se ve perjudicado cuando «los que tienen que realizar las contribuciones no las concretan y se va produciendo el déficit» explicó la Secretaria General del SUTEF.El IPAUSS fue un punto especial del congreso y se resolvió exigir que se esclarezca lo sucedido con el robo sufrido recientemente en la institución, como así también la ratificación de «la defensa irrestricta de nuestra Caja y del régimen especial».

RIOS Y LA DEMORA LEGISLATIVA PARA TRATAR LA TARIFARIA «Cada uno debe hacerse responsable de la parte que le toca»

La Gobernadora consideró una «excusa» la demora de la sanción de la tarifaria por parte de la oposición, para quienes antes de aprobar dicha ley se debe aguardar lo que suceda con la ley de beneficios a la industria que debe abordar el Senado.

RIO GRANDE.- La gobernadora Fabiana Ríos sostuvo que no la sorprendió la falta de tratamiento del proyecto de ley tarifaria en la cuarta sesión ordinaria de la Legislatura provincial, realizada el pasado jueves, señalando que si bien «sabíamos desde hace días que se estaban planteando dudas respecto al punto referido a la industria, para mí se trata al menos de una cuestión poco clara», remarcando que «ni siquiera las asociaciones industriales habían formulado algún tipo de requerimiento sobre ese tema».En ese sentido, la mandataria recordó que los legisladores de la oposición habían declarado públicamente que la aplicación de mayores gravámenes al sector industrial debía analizarse luego de la sanción de la ley que espera su tratamiento en el Senado de la Nación, aunque no dudó en asegurar que esta postura resulta «una excusa».«Yo lo tomo como una excusa y no lo puedo tomar de otra manera, porque la ley industrial se había tratado en Diputados en los meses de agosto y septiembre, pero durante esos meses tampoco se trató la tarifaria, y ya estaba la ley industrial aprobada y a punto de salir», señaló.En ese sentido, la gobernadora Ríos entendió que «ya no hay nada más que explicar porque está todo explicado; la Legislatura lo tiene y es la que define los tiempos, y lo que le toca a uno es tratar de llevar adelante una gestión con los recursos que se tienen».«En realidad, lo que no cambia es una situación económica y financiera que requiere de recursos propios que se están diluyendo, así como los recursos que se obtienen a nivel nacional a partir del programa de asistencia financiera por un déficit en la recaudación local; pero en esto cada uno debe hacerse responsable de la parte que le toca».Por último, la gobernadora Ríos se refirió a la polémica en torno al acuerdo con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ), señalando que «este convenio está en la Legislatura de la provincia, y tiene una ley que es la 774, sobre el que hay un pedido de prórroga de plazos que está esperando que lo apruebe la Legislatura; pero hasta ahora, que yo sepa, no ingresó el dinero».

Las cuestiones de peso de la Legislatura

La legisladora Ana Lía Collavino explicó las razones por las que se pasó a comisión el proyecto de iniciativa popular. La documentación fue girada ayer por la mañana al juez electoral, para que certifique las firmas como lo dispone la ley nacional. De ingresar el pago de los 27 millones por parte de la empresa de capitales chinos, el Ejecutivo deberá resolver con urgencia las observaciones de los organismos de control, para que el contrato avance, agregó. Además, dijo que le sorprendió que el oficialismo no ingresara sobre tablas la ley tarifaria, que estaba consensuada. La tarifaria no se trató, pero se aprobó la Ley de Flagrancia.

Río Grande.- Ayer sesionó la Legislatura y no se aprobó ni el proyecto de iniciativa popular ni la ley tarifaria. Sobre esta última, la legisladora Ana Lía Collavino expresó a FM La Isla que desde el bloque del FPV habían sentado postura “hace más de diez días” y afirmó desconocer “los motivos de por qué no se presentó el proyecto. Nosotros pensábamos que se iba a tratar la tarifaria sobre tablas”, indicó.Aclaró que el único tema que quedaba sujeto a la aprobación de la Nación estaba relacionado con los gravámenes a las industrias, “pero todo el resto íbamos a acompañarlo”, insistió.“Para mí personalmente fue una sorpresa porque hace dos semanas o más que venimos hablando de este tema, en forma personal he trabajado junto con la legisladora (Mónica) Urquiza, el Ministro de Economía y el Secretario de Ingresos Públicos –recordó-. Trabajamos los cuatro, inclusive en redactar los artículos en función de lo que fuimos consensuando. Realmente pensé que el bloque oficialista iba a presentar sobre tablas el proyecto, y qué es lo que hubo en el medio la verdad nuestro bloque lo desconoce. Capaz que ocurrió algo y nuestro bloque lo desconoce, porque de nuestra parte no hubo ningún tipo de cambio de opinión”.Dispuestos a una especialCollavino aseguró que, de convocarse a sesión especial antes de la definición de Nación en materia de promoción a la industria, votarán la tarifaria para los gravámenes a pesca y petróleo, “con el compromiso público inclusive de que en el momento que se apruebe en Nación se convoque a sesión especial y nosotros apoyamos la parte de industria. Es una cuestión de coherencia: si a nivel nacional se está hablando justamente de las tasas de las industrias, tenemos la obligación de esperar qué definición tiene para ver cómo impacta. Estamos dispuestos y hemos sido muy claros en eso”, subrayó.Impuestazo innecesarioLa legisladora consideró que no es necesario, como ha ocurrido en otras jurisdicciones, extender los gravámenes al pequeño empresario o al consumo. “Aquí nosotros, aumentando la tasa de verificación de procesos productivos, la certificación de origen, con la cantidad de petróleo y gas que estamos certificando, más lo que certifican las industrias, estamos hablando de cifras realmente importantes”, destacó.Consultada acerca de si existen razones de peso para que no se resuelvan las diferencias, respondió que “más que razones de peso me parece que no había voluntad de parte del oficialismo, o por ahí le costó entender que la búsqueda de consenso es eso, que no todo sale cien por cien de lo que uno quiere, sino que hay que consensuar con los demás bloques y esa es una muestra de democracia. Por eso me asombró, porque por primera vez habíamos logrado un consenso real y habíamos avanzado sobre algunos puntos que superaban a la primera tarifaria”, aseguró.Entre esos avances, mencionó “el tema de la tasa cero de la construcción, el tema de los estancieros, la modificación del nomenclador general. Por eso a mí realmente lo de hoy nos sorprendió, algo pasó y nosotros lo desconocemos”, insistió Collavino.Por otra parte, quiso aclarar “a la comunidad” que en su momento además de la tarifaria corta la Legislatura “le aprobó a la provincia un revalúo fiscal inmobiliario que nunca se hizo y no sabemos por qué, y le habría permitido incrementar sustancialmente la recaudación inmobiliaria. Esto contaba con el acuerdo de la Sociedad Rural y solamente había que sentase y efectuar el trabajo. También habíamos aprobado una moratoria que lamentablemente se reglamentó de una forma tan complicada que la población no pudo acogerse”, apuntó.Recuadro -------------Pase a comisión de la iniciativa popular“Realmente fue un cuasi circo”, acusó CollavinoSi bien no había trascendido el miércoles, la comisión de Labor Parlamentaria tomó una decisión sobre la iniciativa popular. Le encomendó a Presidencia el giro de la documentación al juez electoral para seguir los pasos que marca la ley nacional, a falta de reglamentación del artículo constitucional que incorpora esta herramienta.“Por lo poco que vi en algunos portales de Ushuaia, se está mal informando –señaló la legisladora Collavino sobre el tema-. El día anterior en Labor Parlamentaria nos reunimos los quince legisladores y, por primera vez en la historia de la Legislatura de la provincia, se decidió tomar la iniciativa popular como un proyecto. Fue una decisión que se tomó en Labor Parlamentaria y se instruyó al Presidente de la Legislatura a que cumplimentara los requisitos que exige la ley nacional para este tipo de iniciativa. En la provincia no tenemos reglamentada la iniciativa popular y en el caso que pasó hace unos años atrás que fue RENASA, hay un fallo de la Cámara que dice que tenemos que usar supletoriamente la ley nacional”, recordó.Amplió señalando que esa ley “establece algunos requisitos, el primero es girar la documentación al juez electoral para que certifique las firmas y que son electores en Tierra del Fuego”.El trámite, según informó Collavino, se cumplió a primera hora de la mañana de ayer, antes de la sesión, con el giro de la documentación al Juzgado. “En ningún momento se votó en contra, al contrario, se votó a favor y ahora se espera la certificación de la provincia y se tratará en la comisión como corresponde”, dijo.El mecanismo elegido obligará a los 17 mil ciudadanos que acompañaron la iniciativa a acercarse al Juzgado a volver a firmar, a partir de una metodología que, de haber existido voluntad política, pudo decidirse sobre tablas.“Circo” y “desinformación”Asimismo, la legisladora cargó contra los responsables de promover el proyecto expresando que “sabían perfectamente que este era el circuito a seguir, nosotros no estamos inventando nada”, y acusó al legislador Gabriel Pluis de montar un “circo” en la sesión.“A mí me asombró la postura del legislador Pluis, que estuvo en la reunión de Labor Parlamentaria, aunque se negó a firmar la resolución, y sabía lo que íbamos a hacer. Es un hombre de Derecho y sabe que lo que estábamos haciendo es respetando la ley, entonces no entendemos esto de haber armado este cuasi circo, porque realmente fue un cuasi circo en la sesión, por hacerle creer a la comunidad que la Legislatura se estaba negando a darle tratamiento a una iniciativa popular, cuando ya estaba en manos del juez para que siga el trámite que tiene que seguir y poder ser tratada”.A propósito del tema dijo que “sería muy torpe de parte de cualquiera de los legisladores desconocer o faltarle el respeto a la voluntad de más de 15 mil ciudadanos de la provincia”.Clink, cajaLa dilación legislativa no descarta que, en el medio del proceso de certificación, la empresa pague los 27 millones que adeuda desde abril y el Ejecutivo apure el contrato. “Yo creo que, de ingresar el dinero, en forma urgente el Ejecutivo tendrá que ver con los organismos de control cómo lograr que ese contrato se adecue a la ley 774, como para no perder esa importante suma de dinero que puede servir para el plan de obras tan ambicioso que estaba previsto por esa ley. Caso contrario se tendrá que dilucidar por la vía judicial qué corresponde hacer con este dinero, pero no le corresponde a la Legislatura”, deslindó.“Es cierto que es el contrato más importante en la historia de la provincia pero no deja de ser un contrato, y el trámite que sigue es el mismo de un contrato de obra que tenga observaciones. Acá el Ejecutivo ha tenido un problema serio, primero de comunicación a la sociedad de lo que perseguía con este contrato, y evidentemente hay un problema interno que impide que levanten las observaciones de los organismos de control”, opinó.Contra las afirmaciones de la gobernadora, que asegura haber levantado las observaciones, Collavino dijo que no es así. “No es lo que nos informa el Tribunal de Cuentas. Es muy claro el Tribunal diciendo que recién en estos días llegó el acuerdo complementario que levanta una por una las observaciones que el Tribunal entregó dos días después al Ejecutivo. Fueron bastante visionarios”, observó.Por último consideró que de parte del gobierno “hubo una intencionalidad manifiesta desde el primer día de que si esto salía mal, la culpa era de la Legislatura. Nosotros llevamos meses estudiando este tema y tenemos asesores sobre los caminos legales y técnicos de todo este tema. Realmente acá la Legislatura su responsabilidad, que era el dictado de una ley, la cumplió, y hay una responsabilidad muy seria del Ejecutivo de levantar las observaciones y eso hace que no exista contrato, porque si no se levantaron las observaciones el contrato no está”.

Convenio chino: “Si depositan el dinero no cambia nada, el contrato está resuelto”, dijo la diputada electa Fadul

“Si los empresarios chinos depositaron el dinero para mi no cambia nada en absoluto porque la integración del primer anticipo debería haberse efectuado con anterioridad”, aseveró la diputada electa por el PFF, Liliana Fadul. Lo hizo en referencia al fuerte rumor del ingreso al país de unos 27 millones de dólares del depósito que debía realizar la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA a favor del Gobierno provincial. “Según mi criterio jurídico el contrato debe considerarse como resuelto por no haberse pagado en tiempo y forma”, apuntó.

Fadul, junto a otros ciudadanos, impulsó la presentación de un proyecto de Iniciativa Popular en la Legislatura, avalado por más de 15 mil firmas, para rechazar el convenio por incumplimiento del contrato. “Según mi criterio jurídico el contrato debe considerarse como resuelto por no haberse pagado en tiempo y forma. Esto más allá de las críticas por contratación directa; por no hacerse un llamado a licitación pública; por establecer el contrato para la venta de gas hasta 2035 y por el precio establecido”, enumeró.Para la diputada electa “la Gobernadora debería disponer la resolución del contrato, darlo por resuelto y convocar a licitación pública”.Respecto de la decisión que podrían adoptar los Legisladores provinciales en la sesión de mañana señaló que “tenemos sobradas esperanza que en su conjunto los Legisladores serán fieles respetuosos de la voluntad popular”.“Estamos ante mucho más de 15 mil firmas de iniciativa popular; mucha firmas del sector de ex yperfianos y seguimos sumando planillas. Ahora con tranquilidad esperamos que mañana rechacen el asunto 199”, dijo.Lo que deben hacer los Legisladores -recomendó- es, si están de acuerdo con que no se cumplió el contrato, rechazarlo y se termina la cuestión.

El legislador Velázquez comparó a De la Riva con la vedette Zulma Lobato acusándolo de “travestismo político”

“No hay canal, radio o lugar donde no esté Zulma Lobato a nivel nacional. Y este personaje es de las mismas características”, sostuvo el legislador Luis Velázquez (MO), comparando a la aspirante a vedette con el abogado Alejandro De la Riva. “Todos sabemos que se cree el mas importante de todos, el dueño de la verdad y el único con la potestad de injuriar y calumniar. Indudablemente algo le falla en la cabeza”, expuso el legislador. Acusó al abogado de “travestismo político”.

“Hablo de travestismo político, porque arrancó con mi partido, la UCR, después se fue con un montón de cuestionamientos a crear otro espacio. Terminó en el Partido Federal, después se fue al ARI, cuando ganó Fabiana Ríos dijo que iba a ser el primero en defender los intereses del Gobierno y a los pocos meses, cuando a lo mejor no recibió lo que pretendía, se volvió en contra. Hoy está de nuevo en el PFF. Estoy asqueado de escuchar permanentemente sus acusaciones”, sostuvo el parlamentario en FM del Sur. Por otra parte, se refirió a la decisión de enviar a comisión la Iniciativa Popular para derogar el convenio chino. “La iniciativa popular es clara, entonces el juez electoral deberá analizar las firmas recolectadas. Luego en el ámbito legislativo le daremos el tema preferencial. Pero es la justicia electoral la que debe determinar si esto está bien o no”. Y se mostró sorprendido con la propuesta del legislador radical, Gabriel Pluis, de tratar sobre tablas el asunto. “Nos sorprende porque ayer en la comisión 1 no hizo ninguna mención a querer tratar el proyecto sobre tablas. Tampoco lo hizo en la labor parlamentaria. Y hoy se hizo cargado de un tinte político”, concluyó.

Aprobaron la reforma del Código Procesal Penal fueguino

La modificación dará sustento a los casos en flagrancia, y se aplicará a quienes sean detenidos «in fraganti» cometiendo un ilícito. Esta nueva figura, consensuada con el Poder Judicial, permitirá acelerar los plazos procesales.

USHUAIA.- La Legislatura provincial aprobó ayer la reforma al Código Procesal Penal fueguino, introduciendo cambios en lo referido a juicios especiales a partir de los casos de flagrancia, lo que significa que quienes sean detenidos mientras cometen un ilícito, serán sometidos a un proceso judicial que no superará los 5 días.Esta reforma se aplicará a «los delitos dolosos con pena de multa, inhabilitación o privativa de la libertad que no supere los 6 años de prisión», para quienes sean detenidos «in fraganti».De acuerdo al proyecto, consensuado entre los parlamentarios y el Poder Judicial, para la aplicación de esta figura la Policía deberá elevar el sumario dentro de las 24 horas de producida la detención, tras lo cual y en un mismo plazo el Fiscal deberá realizar una única audiencia.Finalizada la audiencia,»el fiscal remitirá la causa al juez correccional competente en el término de tres días, prorrogables por otro periodo igual. Esta remisión a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda».La reforma señala que «recibidas las actuaciones por el juez correccional citará al Ministerio Público Fiscal y a las otras partes a fin de que en el término de 5 días, comparezca a juicio, examine las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes».Finalizado el plazo probatorio preliminar, «el juez correccional fijará la fecha de audiencia de debate, que se iniciará en un plazo de 5 días, prorrogables por otro periodo igual». La modificación otorga además atribuciones especiales al fiscal quien tendrá «facultades para dirigir la investigación que el Código otorga al juez de instrucción, con excepción de las medidas establecidas en el artículo 41 de la Constitución provincial, cuya producción deberá ser solicitada al juez de instrucción en turno».