“No existe relación contractual entre la provincia y la empresa”, ratificó el Fiscal de Estado ayer, en respuesta a la presentación que hace escasos días realizaran los justicialistas Omar Becerra y Jorge López. Reclamaban un amparo frente a las irregularidades del acuerdo con Tierra del Fuego Energía y Química S.A. y la respuesta fue una nota es breve donde Martínez de Sucre deja claro que depende de los legisladores atender a las observaciones realizadas tanto por la Fiscalía como por el Tribunal de Cuentas al convenio con supuestos inversores chinos. El bloque radical adelantó el rechazo.
Río Grande.- Ayer 22 de septiembre ingresó la respuesta del Fiscal de Estado a la presentación que realizaran los justicialistas Omar Becerra y Jorge López el 17 de septiembre pasado.Ambos pedían que el Fiscal accionara por la vía del amparo para frenar la ratificación de un convenio sospechado y observado por los organismos de control, pero la respuesta fue que no existe convenio ni relación contractual entre el gobierno y la empresa que prometió instalar una planta de metanol.El Fiscal comunica a ambos que “ya se ha expedido sobre la materia” a través de diversos instrumentos, que detalla y adjunta. Entre ellos un dictamen del 12 de noviembre de 2008, una nota al vicepresidente primero de la Legislatura el 17 de diciembre de ese mismo año y por su intermedio a los integrantes del Cuerpo, un nuevo dictamen el 29 de abril de 2009 acompañado de una resolución de igual fecha, y una nueva nota al vicepresidente primero Manuel Raimbault el 29 de junio de 2009 con alcance a todos los legisladores.Recuerda que tras los primeros dictámenes la Legislatura avanzó igualmente con la sanción de la ley 774, promulgada el 23 de diciembre de 2008, por la que se fijó –entre otras cosas- el 30 de abril de este año como fecha tope para el primer pago, que el gobierno pretende prorrogar tras el incumplimiento.No obstante las observaciones, el Fiscal señala que el 28 de abril de 2009 la provincia suscribe la “oferta de suministro de gas” que merecieron “severas observaciones de esta Fiscalía de Estado a través del Dictamen F.E. N° 14/09 del día 29 de abril del corriente, elaborado a partir del proyecto finalmente suscripto”.Martínez de Sucre recuerda en esta nota algunos párrafos de su pronunciamiento: “Fácil es observar que si en el proyecto de convenio a suscribir que se ha remitido a este organismo de control obran cláusulas no contempladas en los instrumentos tomados en consideración por lo señores legisladores y referidos expresamente en el artículo precedentemente transcripto, tal como aquí acontece, reitero, debe darse nuevamente intervención a la Legislatura Provincial”.Señala que a pesar de esta recomendación no se dio intervención al Poder Legislativo “ni se ha dictado en consecuencia la inexcusable ley de aprobación de un contrato, lo que constituye razón suficiente para sostener fundadamente que no existe relación contractual entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A.”.El Fiscal agrega que la empresa “no efectuó el depósito del monto adelantado correspondiente al primer año dentro del plazo fijado”, y subraya, reiterando y a modo de síntesis, que “no existe ni ha existido relación contractual entre la Provincia y TDFEyQ, que genere las obligaciones previstas en el instrumento denominado ‘oferta de suministro de gas’ que suscribiera la Sra. Gobernadora de la provincia el día 28 de abril del corriente”.Que la Legislatura escucheEl último párrafo de la nota del Fiscal está claramente dirigido a los legisladores que, a pesar de las observaciones, pretendan avanzar con la aprobación del contrato. “No puedo dejar de expresar mi confianza en que las serias objeciones que el suscripto formulara en los instrumentos aludidos en el segundo párrafo de la presente (como las efectuadas también por el Tribunal de Cuentas de la Provincia), serán tenidas en consideración por los Sres. legisladores –que tienen conocimiento de las mismas, bastando citar en dicho sentido la Nota F.E. N° 369/09 ya mencionada- al momento de tomar alguna eventual decisión sobre el asunto que nos ocupa”.La UCR decididaEl legislador Gabriel Pluis, el único en votar por la negativa en diciembre pasado, cuando se aprobó la ley 774, adelantó que no aprobará el convenio ni la prórroga del plazo de pago que solicita el gobierno.Esta semana sesiona la Legislatura y el radical planteará su posición que, de ser acompañada, y con el rechazo de miles de firmas de ciudadanos de la provincia que se oponen al convenio como refuerzo, podría sellar el final del mentado “cuento chino”.
