La legisladora Ana Lía Collavino explicó las razones por las que se pasó a comisión el proyecto de iniciativa popular. La documentación fue girada ayer por la mañana al juez electoral, para que certifique las firmas como lo dispone la ley nacional. De ingresar el pago de los 27 millones por parte de la empresa de capitales chinos, el Ejecutivo deberá resolver con urgencia las observaciones de los organismos de control, para que el contrato avance, agregó. Además, dijo que le sorprendió que el oficialismo no ingresara sobre tablas la ley tarifaria, que estaba consensuada. La tarifaria no se trató, pero se aprobó la Ley de Flagrancia.
Río Grande.- Ayer sesionó la Legislatura y no se aprobó ni el proyecto de iniciativa popular ni la ley tarifaria. Sobre esta última, la legisladora Ana Lía Collavino expresó a FM La Isla que desde el bloque del FPV habían sentado postura “hace más de diez días” y afirmó desconocer “los motivos de por qué no se presentó el proyecto. Nosotros pensábamos que se iba a tratar la tarifaria sobre tablas”, indicó.Aclaró que el único tema que quedaba sujeto a la aprobación de la Nación estaba relacionado con los gravámenes a las industrias, “pero todo el resto íbamos a acompañarlo”, insistió.“Para mí personalmente fue una sorpresa porque hace dos semanas o más que venimos hablando de este tema, en forma personal he trabajado junto con la legisladora (Mónica) Urquiza, el Ministro de Economía y el Secretario de Ingresos Públicos –recordó-. Trabajamos los cuatro, inclusive en redactar los artículos en función de lo que fuimos consensuando. Realmente pensé que el bloque oficialista iba a presentar sobre tablas el proyecto, y qué es lo que hubo en el medio la verdad nuestro bloque lo desconoce. Capaz que ocurrió algo y nuestro bloque lo desconoce, porque de nuestra parte no hubo ningún tipo de cambio de opinión”.Dispuestos a una especialCollavino aseguró que, de convocarse a sesión especial antes de la definición de Nación en materia de promoción a la industria, votarán la tarifaria para los gravámenes a pesca y petróleo, “con el compromiso público inclusive de que en el momento que se apruebe en Nación se convoque a sesión especial y nosotros apoyamos la parte de industria. Es una cuestión de coherencia: si a nivel nacional se está hablando justamente de las tasas de las industrias, tenemos la obligación de esperar qué definición tiene para ver cómo impacta. Estamos dispuestos y hemos sido muy claros en eso”, subrayó.Impuestazo innecesarioLa legisladora consideró que no es necesario, como ha ocurrido en otras jurisdicciones, extender los gravámenes al pequeño empresario o al consumo. “Aquí nosotros, aumentando la tasa de verificación de procesos productivos, la certificación de origen, con la cantidad de petróleo y gas que estamos certificando, más lo que certifican las industrias, estamos hablando de cifras realmente importantes”, destacó.Consultada acerca de si existen razones de peso para que no se resuelvan las diferencias, respondió que “más que razones de peso me parece que no había voluntad de parte del oficialismo, o por ahí le costó entender que la búsqueda de consenso es eso, que no todo sale cien por cien de lo que uno quiere, sino que hay que consensuar con los demás bloques y esa es una muestra de democracia. Por eso me asombró, porque por primera vez habíamos logrado un consenso real y habíamos avanzado sobre algunos puntos que superaban a la primera tarifaria”, aseguró.Entre esos avances, mencionó “el tema de la tasa cero de la construcción, el tema de los estancieros, la modificación del nomenclador general. Por eso a mí realmente lo de hoy nos sorprendió, algo pasó y nosotros lo desconocemos”, insistió Collavino.Por otra parte, quiso aclarar “a la comunidad” que en su momento además de la tarifaria corta la Legislatura “le aprobó a la provincia un revalúo fiscal inmobiliario que nunca se hizo y no sabemos por qué, y le habría permitido incrementar sustancialmente la recaudación inmobiliaria. Esto contaba con el acuerdo de la Sociedad Rural y solamente había que sentase y efectuar el trabajo. También habíamos aprobado una moratoria que lamentablemente se reglamentó de una forma tan complicada que la población no pudo acogerse”, apuntó.Recuadro -------------Pase a comisión de la iniciativa popular“Realmente fue un cuasi circo”, acusó CollavinoSi bien no había trascendido el miércoles, la comisión de Labor Parlamentaria tomó una decisión sobre la iniciativa popular. Le encomendó a Presidencia el giro de la documentación al juez electoral para seguir los pasos que marca la ley nacional, a falta de reglamentación del artículo constitucional que incorpora esta herramienta.“Por lo poco que vi en algunos portales de Ushuaia, se está mal informando –señaló la legisladora Collavino sobre el tema-. El día anterior en Labor Parlamentaria nos reunimos los quince legisladores y, por primera vez en la historia de la Legislatura de la provincia, se decidió tomar la iniciativa popular como un proyecto. Fue una decisión que se tomó en Labor Parlamentaria y se instruyó al Presidente de la Legislatura a que cumplimentara los requisitos que exige la ley nacional para este tipo de iniciativa. En la provincia no tenemos reglamentada la iniciativa popular y en el caso que pasó hace unos años atrás que fue RENASA, hay un fallo de la Cámara que dice que tenemos que usar supletoriamente la ley nacional”, recordó.Amplió señalando que esa ley “establece algunos requisitos, el primero es girar la documentación al juez electoral para que certifique las firmas y que son electores en Tierra del Fuego”.El trámite, según informó Collavino, se cumplió a primera hora de la mañana de ayer, antes de la sesión, con el giro de la documentación al Juzgado. “En ningún momento se votó en contra, al contrario, se votó a favor y ahora se espera la certificación de la provincia y se tratará en la comisión como corresponde”, dijo.El mecanismo elegido obligará a los 17 mil ciudadanos que acompañaron la iniciativa a acercarse al Juzgado a volver a firmar, a partir de una metodología que, de haber existido voluntad política, pudo decidirse sobre tablas.“Circo” y “desinformación”Asimismo, la legisladora cargó contra los responsables de promover el proyecto expresando que “sabían perfectamente que este era el circuito a seguir, nosotros no estamos inventando nada”, y acusó al legislador Gabriel Pluis de montar un “circo” en la sesión.“A mí me asombró la postura del legislador Pluis, que estuvo en la reunión de Labor Parlamentaria, aunque se negó a firmar la resolución, y sabía lo que íbamos a hacer. Es un hombre de Derecho y sabe que lo que estábamos haciendo es respetando la ley, entonces no entendemos esto de haber armado este cuasi circo, porque realmente fue un cuasi circo en la sesión, por hacerle creer a la comunidad que la Legislatura se estaba negando a darle tratamiento a una iniciativa popular, cuando ya estaba en manos del juez para que siga el trámite que tiene que seguir y poder ser tratada”.A propósito del tema dijo que “sería muy torpe de parte de cualquiera de los legisladores desconocer o faltarle el respeto a la voluntad de más de 15 mil ciudadanos de la provincia”.Clink, cajaLa dilación legislativa no descarta que, en el medio del proceso de certificación, la empresa pague los 27 millones que adeuda desde abril y el Ejecutivo apure el contrato. “Yo creo que, de ingresar el dinero, en forma urgente el Ejecutivo tendrá que ver con los organismos de control cómo lograr que ese contrato se adecue a la ley 774, como para no perder esa importante suma de dinero que puede servir para el plan de obras tan ambicioso que estaba previsto por esa ley. Caso contrario se tendrá que dilucidar por la vía judicial qué corresponde hacer con este dinero, pero no le corresponde a la Legislatura”, deslindó.“Es cierto que es el contrato más importante en la historia de la provincia pero no deja de ser un contrato, y el trámite que sigue es el mismo de un contrato de obra que tenga observaciones. Acá el Ejecutivo ha tenido un problema serio, primero de comunicación a la sociedad de lo que perseguía con este contrato, y evidentemente hay un problema interno que impide que levanten las observaciones de los organismos de control”, opinó.Contra las afirmaciones de la gobernadora, que asegura haber levantado las observaciones, Collavino dijo que no es así. “No es lo que nos informa el Tribunal de Cuentas. Es muy claro el Tribunal diciendo que recién en estos días llegó el acuerdo complementario que levanta una por una las observaciones que el Tribunal entregó dos días después al Ejecutivo. Fueron bastante visionarios”, observó.Por último consideró que de parte del gobierno “hubo una intencionalidad manifiesta desde el primer día de que si esto salía mal, la culpa era de la Legislatura. Nosotros llevamos meses estudiando este tema y tenemos asesores sobre los caminos legales y técnicos de todo este tema. Realmente acá la Legislatura su responsabilidad, que era el dictado de una ley, la cumplió, y hay una responsabilidad muy seria del Ejecutivo de levantar las observaciones y eso hace que no exista contrato, porque si no se levantaron las observaciones el contrato no está”.
